El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que, de aprobarse, sería la modificación más extensa en más de un siglo.
La iniciativa, incluida en el temario de sesiones extraordinarias, busca unificar la legislación penal dispersa, endurecer penas de manera generalizada y actualizar el sistema frente a nuevas formas de criminalidad, desde el cibercrimen hasta la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.
El texto fue elaborado por una comisión de especialistas encabezada por el penalista Jorge Buompadre y presentado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El proyecto propone expandir el Código Penal de los actuales 316 artículos a 920, integrando en un único cuerpo legal las más de mil normas penales especiales dictadas en las últimas décadas.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de la imprescriptibilidad. Delitos como homicidio, abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico ya no tendrían límites temporales para ser juzgados, una medida que el Gobierno considera fundamental para combatir la impunidad.
A la vez, se endurecen penas en general: el homicidio simple podría alcanzar un máximo de 30 años de prisión, y también se agravan castigos para delitos frecuentes, como robos de celulares, entraderas, estafas piramidales y conductas viales peligrosas.
La reforma incorpora además un capítulo completo sobre delitos informáticos, inexistentes en el Código de 1921. Allí figuran la creación de imágenes sexuales falsas mediante IA, el fraude digital y distintas modalidades de ciberataque.
También se tipifican nuevos delitos como el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual y actos de crueldad animal sistemática, además de ampliarse las herramientas para perseguir la corrupción.
En este punto, Bullrich sostuvo que las penas para funcionarios dejarán de ser “benignas” y pasarán a ser “graves y gravísimas”, a lo que se suma la habilitación del decomiso anticipado de bienes en investigaciones.
A pesar de que el Gobierno defiende la reforma como una modernización necesaria, la iniciativa despertó objeciones en el ámbito jurídico. Especialistas como Matías Bailone señalaron que el aumento masivo de penas y la falta de consenso académico podrían deteriorar aún más la coherencia del sistema penal. “Complica y agrava la destrucción de la organicidad del Código”, advirtió, y agregó que la ausencia de una participación más plural amenaza la sustentabilidad del proyecto.
El debate quedará ahora en manos del Congreso, que deberá decidir si acompaña una de las reformas más ambiciosas, y controvertidas, del actual gobierno.
