El oficialismo terminó de destrabar este miércoles su agenda: el Súper Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Súper RIGI), el acuerdo para saldar la deuda con los últimos holdouts del default de 2001 y la denominada Ley Hojarasca, que propone eliminar decenas de normas consideradas obsoletas.
Con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) e Innovación Federal, las iniciativas quedaron habilitadas para ser tratadas en el recinto de la Cámara de Diputados en las próximas semanas, en un contexto en el que el Gobierno busca recuperar la iniciativa política en el Congreso.
El Súper RIGI
El proyecto que concentra mayor expectativa es el Súper RIGI, que recibió 61 firmas de apoyo en comisión. La iniciativa apunta a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos estratégicos, como inteligencia artificial, semiconductores, hidrógeno verde, baterías de litio, energía nuclear y vehículos eléctricos.
El régimen establece un mínimo de inversión de US$1.000 millones, otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años y contempla beneficios como la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, incentivos fiscales y una disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones.
Durante el debate, el oficialismo incorporó propuestas impulsadas por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para promover proveedores locales e incentivar la inversión en investigación y desarrollo. En contraste, legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron las amplias exenciones fiscales y advirtieron sobre un eventual impacto negativo en la recaudación y la industria nacional.
Acuerdo con los últimos holdouts
El Gobierno también obtuvo dictamen para el proyecto que autoriza los acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, los últimos grandes holdouts con sentencia firme vinculados al default de 2001.
La iniciativa recibió 42 firmas y habilita el pago de US$171 millones a Bainbridge y US$104 millones al grupo Attestor, con quitas del 30% y 35%, respectivamente. Desde el Gobierno sostienen que la aprobación permitirá cerrar definitivamente este capítulo de la deuda y evitar posibles embargos sobre activos como YPF, el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.
Avanza la Ley Hojarasca
La tercera iniciativa que avanzó fue la Ley Hojarasca, que propone derogar alrededor de 70 leyes consideradas desactualizadas o sin aplicación práctica.
El proyecto, impulsado por el oficialismo y respaldado por bloques dialoguistas, elimina normas sancionadas durante gobiernos militares y administraciones del siglo XX que, según sus impulsores, generan burocracia o ya perdieron vigencia. Entre ellas figura una ley que obligaba a los medios audiovisuales a destinar una hora diaria a contenidos turísticos y otra que exigía informar previamente a la policía la realización de reuniones públicas en espacios cerrados.
Desde el peronismo cuestionaron la iniciativa y advirtieron que algunas de las normas alcanzadas aún podrían tener utilidad o requerir una actualización, en lugar de su derogación.
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