Luego de que la oposición sacudiera el tablero con el pedido de una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, el oficialismo se puso en guardia y ya trabaja para contrarrestar la intención de voltear el DNU 70/23, al tiempo que ya marcó una fecha en el calendario para abrir el recinto en modo control de daños activado.
El fallo de la Corte Suprema
El polémico fallo de la Corte Suprema que convalidó el artículo 154 del DNU de derogación de la Ley de Tierras, habilitando la extranjerización sin límites, envalentonó a los bloques de la oposición, que rápidamente coordinaron las acciones de protesta en las calles con el reclamo por el presupuesto universitario y ahora buscan no sólo reponer la vigencia de dicha norma sino llevarse puesto todo el mega decreto presidencial, que en los hechos fue como una reforma constitucional sin pasar por el Parlamento.
Ocurre que el DNU 70/23 derogó la Ley de Tierras, pero también otras normas fundamentales como la Ley de Alquileres, la de Góndolas, de Abastecimiento y de Compre Nacional: en total modificó o eliminó más de 30 normativas que volverían a entrar en vigencia en caso de que caiga el decreto.
Además eliminó los controles de precios de las empresas de medicina prepaga, suprimió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y el Instituto Nacional de la yerba Mate (INYM), autorizó la eventual cesión a privados del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, liberalizó el transporte aéreo con la política de «cielos abiertos», hizo cesar el registro obligatorio para importar y exportar, y eliminó los topes a los intereses punitorios que cobran las tarjetas de crédito y los bancos o billeteras virtuales a sus clientes –lo que desató la actual crisis de morosidad que afecta a más de 6 millones de argentinos-.
La amenaza sobre todo este paquete desregulatorio puso en alerta al Gobierno, que tiene tiempo hasta el mismo día de la sesión para cortar los circuitos de la oposición a través de acuerdos con sectores dialoguistas.
La estrategia oficial
En una reunión con referentes de bloques aliados que tuvo lugar horas antes de la formalización del pedido de sesión especial de la oposición, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, les informó la intención de abrir el recinto el 21 de octubre para tratar los proyectos de Discapacidad y sobreendeudamiento familiar, y los invitó a trabajar para mejorar los dictámenes de mayoría.
Nada casualmente, la oposición incluyó estos dos proyectos en el temario de la sesión del 15 de octubre, para que funcionen como cebo y permitan acercarse al quórum.
La oficialización del pedido de sesión opositor para tirar abajo uno de los pilares del andamiaje jurídico sobre el que se sostiene el modelo económico libertario paralizó a la Casa Rosada, que mandó a suspender los canales de diálogo con los dialoguistas en Diputados hasta nuevo aviso.
El primer reflejo -infundado por el temor a quedarse sin el mega decreto- fue sugerir que el oficialismo aceptaría incorporar controles a la compraventa de tierras rurales en la media sanción de la Ley de Inviolabilidad Privada venida del Senado.
Pero no hizo falta llegar tan lejos: con el paso de las horas, se supo que Unión por la Patria y sus aliados circunstanciales estaban lejos de los 129 votos necesarios para el quórum y para derribar el DNU 70/23.
El Gobierno busca convertir el diálogo con los gobernadores en apoyo legislativo
La rosca con los gobernadores
Al mismo tiempo, llegaban buenas noticias desde París, donde 13 mandatarios provinciales (incluyendo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri) acompañan al presidente Javier Milei al Argentina Week, un road show de inversiones para vender las ventajas competitivas del país a empresarios extranjeros.
Junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el mandatario se intentó meter en el bolsillo a gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes en algún momento coquetearon con la oposición y podrían facilitar los votos que le está faltando para abrir la sesión.
Por esa razón, Santilli quedó a cargo de una nueva ronda de negociaciones individuales con los mandatarios provinciales para garantizar que esas señales de acercamiento se traduzcan en votos efectivos en el Parlamento.
Durante los encuentros en París, Milei agradeció a los gobernadores que participaron de las reuniones con inversores y destacó la importancia de mostrar una imagen de unidad frente al sector empresario. También planteó la necesidad de mantener una estrategia común para evitar un eventual regreso del kirchnerismo.
Sin embargo, los gobernadores dejaron en claro que el respaldo político no será gratuito: varios mandatarios consideran que ya ofrecieron suficientes señales de acompañamiento y ahora esperan definiciones concretas de la Casa Rosada, especialmente respecto de la estrategia electoral de La Libertad Avanza en cada provincia de cara a 2027.
La esperanza opositora
En la oposición esperan que el sentimiento popular a favor de la soberanía que se multiplicó desde que la Scaloneta le mostró al mundo la reinvindicación de las Islas Malvinas como parte del territorio argentino y el rechazo al ajuste en las universidades públicas generará un alud ciudadano en las manifestaciones –que tendrá una cita central con la movilización del 15 de octubre– que presionará a los diputados a revisar sus posturas antes de la sesión especial.
Razones para desconfiar del Gobierno tienen de sobra. En el caso del proyecto de Discapacidad del oficialismo, si bien incorpora la mayor parte de los beneficios incluidos en la Ley de Emergencia, contrasta abiertamente con el capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que desfinancia y elimina buena parte de los derechos del sector.
De hecho, desde el Ministerio de Economía ya dejaron trascender que no están de acuerdo con lo dispuesto en el dictamen de mayoría que negoció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la venia de Karina Milei.
Con lo que existe la posibilidad de que el Gobierno sostenga el desmantelamiento total del sistema de Discapacidad en el Presupuesto 2027. En cuanto al proyecto sobre el endeudamiento de las familias, lo que ofrece el oficialismo en su dictamen de mayoría es una redacción cosmética que se reduce a alentar la educación financiera, sin brindar ninguna solución concreta a las más de 6 millones de personas en mora con el sistema financiero.
La desconfianza aliada
El otro motivo que tienen los sectores dialoguistas para desconfiar es que hasta ahora el oficialismo no hizo oficial ninguna convocatoria al recinto, más allá de la promesa vaga de una sesión el 21 de octubre.
Por el momento, la única convocatoria efectiva para tratar Discapacidad y Endeudamiento, y para cumplir con los compromisos asumidos con esos colectivos, es la que hizo la oposición para el 15 de octubre.
Más allá de las especulaciones, hoy la cancha está inclinada para el lado del oficialismo, y en la oposición lo reconocen. En el peor de los casos, razonan, en la sesión del 15 de octubre se aplicará el famoso «principio de revelación» que puso de moda Milei: que quede claro quienes están de un lado de la raya y quienes se ponen del otro.
«La divisoria es entre quienes apoyamos a los discapacitados, a los endeudados y a la soberanía territorial del país, y quienes están por la lógica de la crueldad de Estado y la extranjerización de las tierras«, sostuvo un diputado nacional de Unión por la Patria en tono electoral.
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