La Cámara de Diputados debatirá este martes un proyecto de ley impulsado por el legislador Juan Marino, de Unión por la Patria, que busca “democratizar” la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La propuesta surge luego del escándalo por presuntas coimas que salpicó a la conducción del organismo tras la filtración de audios de su ex titular Diego Spagnuolo.
La iniciativa plantea reemplazar el actual esquema unipersonal, a cargo de Alejandro Vilches, por una comisión directiva integrada por siete miembros. Además del presidente y vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, incluiría dos representantes del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y tres vocales elegidos por organizaciones de la sociedad civil, garantizando así la participación directa del colectivo de personas con discapacidad en la toma de decisiones.
“Este proyecto surge como una respuesta institucional impostergable ante la crisis de legitimidad que atraviesa la ANDIS, evidenciada por recientes escándalos de corrupción que exponen la vulnerabilidad de un organismo central para más de cinco millones de argentinos”, sostuvo Marino al fundamentar la propuesta.
El diputado cuestionó el diseño institucional vigente, establecido por el Decreto 698/2017, al que calificó de “propenso a la discrecionalidad y la concentración de poder”. Según explicó, esa estructura permitió que programas clave como Incluir Salud se convirtieran en focos de corrupción, afectando directamente el acceso a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad.
La comisión directiva propuesta tendrá mandatos de cuatro años no prorrogables y deberá sesionar con al menos cinco miembros. Algunas decisiones clave requerirán cinco votos afirmativos, buscando así reforzar la transparencia y el control interno.
Para Marino, se trata de “un cambio de paradigma” que apunta a “pasar de un modelo cerrado y jerárquico a uno participativo y transparente”, con un plazo de implementación de 180 días desde la promulgación de la ley.
La discusión en el recinto se dará en un clima de tensión política, ya que el escándalo por las coimas generó fuertes cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos destinados a un sector históricamente vulnerable. El debate promete ser uno de los ejes centrales de la agenda legislativa de la semana.
