En una jornada de fuertes tensiones políticas, la oposición no consiguió convertir en ley la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), luego de que una quincena de diputados modificaran su voto en uno de los artículos más sensibles del proyecto.
El artículo 3, que establece que los DNU perderán vigencia a los 90 días si no son ratificados por el Congreso, obtuvo 127 votos afirmativos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Así, el texto deberá regresar al Senado para una nueva revisión.
La caída de los votos se debió al cambio de postura de legisladores de distintos bloques opositores. Entre ellos, integrantes del PRO, Desarrollo y Coherencia, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la UCR y la Coalición Cívica, que habían acompañado la aprobación en general —con 140 votos positivos— pero se desmarcaron en la votación en particular.
Entre los que cambiaron su posición figuran Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID), Carlos D’Alessandro y Gerardo González (Coherencia), y los macristas Álvaro González, Sofía Brambilla y Héctor Baldassi, quienes pasaron del apoyo al rechazo. En la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli optaron por la abstención, al igual que los radicales Karina Banfi y Fabio Quetlas.
También se registraron ausencias clave: Facundo Manes (Democracia para Siempre) y Tania Bertoli (Unión por la Patria) no participaron en la votación final, mientras que Silvia Lospennato (PRO), ausente en la votación general, se incorporó para votar en contra del artículo en cuestión.
Otra particularidad fue el viraje de legisladores cercanos a los gobernadores de Provincias Unidas, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes), cuyos representantes también modificaron su postura.
Con este traspié, la oposición vio frustrado su intento de limitar la herramienta de los DNU, que buscaba acotar su vigencia y restringir la posibilidad del Ejecutivo de legislar por decreto. El revés generó alivio en la Casa Rosada, que había seguido de cerca el debate ante la amenaza de perder una facultad clave para la gestión del presidente Javier Milei.
Pese al tropiezo, los impulsores del proyecto anticiparon que insistirán con la iniciativa en el Senado, mientras que el oficialismo celebró lo ocurrido como “una señal de racionalidad” dentro del Congreso.
