El coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como administrador encargado de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de la crisis que atraviesa la cobertura de salud de los militares y de una deuda con prestadores que supera los $200.000 millones.
Las razones de la renuncia
La salida de Guzmán se produjo luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien estaba disconforme con los tiempos del proceso de liquidación del organismo.
Trascendió que fue el propio Presti quien le pidió la renuncia al coronel retirado durante el encuentro que mantuvieron el miércoles.
La salida se produce en plena transición entre el antiguo IOSFA y la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por el Gobierno nacional para reemplazarlo.
La nueva OSFA comenzó a recibir los aportes de los afiliados, pero la estructura residual del IOSFA quedó a cargo de afrontar el pasivo acumulado con prestadores. La deuda asciende a unos $213.000 millones, según las cifras difundidas por el Gobierno. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en cambio, asegura que la deuda es de $500.000 millones.
La situación se volvió particularmente compleja porque, mientras avanza la liquidación del viejo instituto, el IOSFA continúa interviniendo en la atención de los afiliados.
De hecho, el propio organismo comunicó esta semana a sus prestadores que las prestaciones siguen siendo brindadas por IOSFA y pidió que no se emitan facturas a nombre de la nueva OSFA.
Casa tomada
Empleados nucleados en ATE ingresaron más tarde por la fuerza a la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA/ex-IOSFA), situada en el barrio porteño de Balvanera, y la ocuparon en protesta por cientos de despidos que anticipa la intervención del gobierno nacional. La Policía de la Ciudad llegó al lugar y los obligó a firmar un acta por “violación de domicilio”.
Fuentes de ATE indicaron que ingresaron efectivos a la reunión que mantenían los gremialistas con las autoridades de la entidad y “armaron una causa”: “Están diciendo que podrían sacarlos esposados a los dirigentes”, informaron desde el sindicato.
Al finalizar el encuentro, fuentes del sindicato informaron que se negaron a firmar el acta y que tuvieron que hacerlo de manera obligatoria para poder ser liberados.
El motivo que impulsó la protesta fue el posible despido de unos 600 empleados en todo el país; sin embargo, indicaron que, por el momento, “no hay despidos”, pero que existe “una intimidación” al respecto y, por eso, convocaron el próximo miércoles 30 a una nueva asamblea.
Las denuncias de ATE
“Cuando el ministro Carlos Presti asumió había un superávit en la obra social de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones. ¿Qué hicieron con la guita? ¿Quién se beneficia con ese supuesto ahorro? Se la robaron toda a la obra social. Estamos ante el peor Gobierno y el más corrupto de la historia”, cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, que anticipó que profundizará su plan de lucha en defensa de los 600 puestos de trabajo.
“(El ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger dice públicamente que, con los recortes en el Estado, con la fusión de ministerios, el cierre de algunos organismos, logró ahorrar hasta ahora $1.000 millones de dólares por año. La pregunta es adónde va a parar esa plata, porque no construyen escuelas, no construyen hospitales, no arreglan las rutas, no hacen nada”, agregó Aguiar, quien señaló que durante la gestión de Presti también se registraron denuncias por manejos irregulares y denunció un proceso de “vaciamiento” de la entidad.
OSFA en la era Milei
El Gobierno Nacional disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en febrero de este año, mediante el DNU 88/2026, y separó la cobertura médica en dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Actualmente, el ex-IOSFA se encuentra en proceso de liquidación y arrastra una deuda estimada entre $213.000 millones y más de $500.000 millones con prestadores de todo el país.
Por ese motivo, distintos gremios se pronunciaron en contra por el futuro incierto de las prestaciones médicas, farmacias propias y el destino de 13 hoteles, recreos y residencias turísticas que dependían de la obra social.
