La crisis política en torno al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la entrega de los audios de la polémica al fiscal federal Franco Picardi, lo que trasladó el caso del terreno mediático al judicial y abrió un frente de consecuencias aún imprevisibles para el Gobierno de Javier Milei.
Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo en la red social X, Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista. En esos audios, el ex funcionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.
De acuerdo con Carrizo, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”, lo que elevó el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.
A las revelaciones se sumó este miércoles la periodista Romina Manguel, quien señaló en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guión del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.
En paralelo, el Ejecutivo intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, figura a su vez vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. La medida generó suspicacias, dado que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedará en manos de un sector señalado en los propios audios.
