Este lunes, el Tribunal Oral Federal N°5 realizó una nueva audiencia del juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner por Hotesur-Los Sauces, en la que la fiscalía terminó con la lectura de la elevación a juicio por la causa que investiga los presuntos delitos en Los Sauces.
La acusación del fiscal Velasco
En la exposición del escrito presentado por el fiscal Diego Velasco, se acusan a los 24 imputados en la causa por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y ofrecimiento y recepción de dádivas, que tienen penas de entre 2 y 10 años de prisión.
“Las consideraciones desarrolladas son suficientes para tener por acontecida, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa preliminar del proceso, la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”, expresó el fiscal en el requerimiento.
Tras esta audiencia, el TOF N°5 llamó a un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre, donde se va a presentar el requerimiento de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Las empresas de Lázaro Báez
La jornada comenzó con la exposición sobre el rol de las empresas ligadas a Lázaro Báez que participaron de la presunta maniobra de lavado de dinero y cómo se canalizaron los » fondos ilícito» hacia la inmobiliaria de la familia Kirchner.
Tras haber expuesto en la audiencia anterior cómo funcionó Kank y Costilla, una de las empresas pertenecientes al Grupo Báez, la Fiscalía se refirió a la situación de la constructora Loscalzo y Del Curto que resultó beneficiada con obra pública en Santa Cruz. La misma inyectó fondos a Los Sauces entre enero del 2009 y diciembre de 2014 “con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”, según se informó.
“De esta forma, una porción de lo que era defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública sería canalizado a la firma” de la familia Kirchner, afirmó la parte acusadora.
En total, la inmobiliaria le facturó a Loscalzo y Del Curto un total de $1.691.580. En total, se firmaron más de 40 cheques desde la compañía -algunos firmados por los hijos de Lázaro Báez-, quien los cobraba era Máximo Kirchner.
Para eso, la empresa alquiló a la familia Kirchner cuatro departamentos en Río Gallegos que habían sido construidos por ella misma, por un precio mayor al que habría costado su construcción.
“Es posible afirmar que el contrato no fue más que una ‘mise en scene’ a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces, y que además es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente”, afirmó el fiscal.
Tras finalizar la relación en 2014, la acusación sostiene que en 2015 la ruta del dinero hacia la inmobiliaria de los Kirchner quedó en manos de Austral Construcciones, que se convirtió en la “mayor contratista de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Austral Construcciones
La empresa de Báez recibió entre los años 2003 y 2015 $6.698.062.565,08 desde el Tesoro Nacional “como consecuencia de las obras públicas viales irregularmente asignadas en la provincia de Santa Cruz”.
“Participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio, es por ello que, durante los 10 meses en que mantuvo el vínculo comercial, transfirió un total de $323.915,79 a favor de la firma de los ex presidentes y su núcleo familiar”, dice el requerimiento.
En octubre de 2015, durante las elecciones que le dieron una derrota al peronismo, Los Sauces decidió finalizar la relación. Luego, la inmobiliaria se dedicó a alquilar las propiedades a “personas físicas ajenas a los negocios espurios con los ‘empresarios amigos’, con la finalidad de introducir fondos lícitos que se mezclaran con aquellos de procedencia ilegal”, agregó la acusación.
La investigación arrojó que estos contratos diferían de aquellos con las empresas de Báez, dado que se les exigía condiciones que los otros no tenían como garantes. Además, con estos nuevos alquileres obtuvo una rentabilidad promedio un 41% menos a la que hubiese tenido con Austral Construcciones, apuntando a posibles sobreprecios en la maniobra de lavado.
Valle Mitre, una “empresa pantalla”
La Fiscalía acusó que la compañía tuvo como función ser una “pantalla” para “receptar y aplicar el dinero ilícito de las diferentes empresas del Grupo Báez que era canalizado bajo falsas contrataciones por servicios simulados con la finalidad de capitalizarla y sostener la realización del negocio hotelero”.
“Su misión fue operar como nexo entre las empresas del grupo económico y los hoteles de la familia Kirchner”, dice la acusación.
Si bien la empresa había sido formada en 2004, no tuvo actividad hasta 2007 cuando comenzó con la administración de un restaurante. Sin embargo, pese a no tener experiencia en el rubro, ese mismo año se convirtió en la administradora de tres hoteles de la familia Kirchner: la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate (de la firma Hotesur) y el Hotel La Aldea del Chaltén.
A esto se suma que la integración de la empresa Valle Mitre estaba conformada “en espejo” al órgano de administración de la firma Hotesur que era la propietaria del Hotel Alto Calafate.
Con respecto a la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén, entre 2009 y 2013 la compañía de Baéz giró a Los Sauces $2.836.724. Esto implicó la “recuperación del valor total de compra del hotel en apenas 5 meses de concesión del establecimiento”. Además, el flujo canalizado “superó en más de 13 veces el precio por el que la familia Kirchner adquirió el hotel”.
Una vez que Valle Mitre dejó la administración de los hoteles de la familia presidencial, tuvo un declive y fue “abandonada sin actividad, sin libros societarios y sin presentaciones ante el fisco respecto de su actividad”.
El rol de las empresas del Grupo Indalo
La Fiscalía continuó con la explicación sobre cómo se habrían canalizado los fondos hacia Los Sauces desde dos empresas de López y Fabián De Sousa: la Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
La primera de ellas comenzó como una empresa de actividad minera, pero luego pasó a ser usada para “otorgar préstamos dinerarios a las restantes firmas del grupo, a constituir o adquirir nuevas empresas y en general a ampliar el espectro de negocios del conglomerado societario”.
López y De Sousa “tenían el control accionario mayoritario y la dirección de los negocios de la empresa”. Por eso, fueron quienes se encargaron de suscribir los “contratos de locación simulados” y de la “canalización de fondos a la firma Los Sauces”.
Sin embargo, también había una persona de “extrema confianza” de los Kirchner dentro de la misma: Romina de los Ángeles Mercado, la sobrina de Néstor y Cristina Kirchner. Además, que además era directora de Hotesur y Los Sauces, por lo que “desarrollaba funciones de los dos lados del mostrador” y “garantizaba el éxito de la maniobra de lavado de activos”.
Con respecto a los contratos, la inversora otorgó un total de $13.896.672 entre mayo de 2009 hasta marzo de 2016 a través de alquileres en el Edificio Madero Center, que “resultaban injustificados para el objeto y magnitud de la empresa y que se cotizaron a un valor más elevado a los precios de mercado”
Por un lado, la Inversora M&S alquiló espacios comunes y amenities en dicho establecimiento pertenecientes a un departamento del 4° piso, por un total de $499.197,60. Esto fue cuestionado por los fiscales, ya que el mismo lugar era alquilado por otra firma de Indalo, por lo que ya contaban con el permiso para usarlos. Además, no podían alquilar amenities que corresponden a todo el edificio.
A esto se suma que luego alquilaron otros dos departamentos entre abril de 2012 y marzo de 2016 por la suma de $13.397.475,02, que advirtieron mostraba un “sobreprecio que oscila entre el 100% y el 150%”.
Por su parte, con Álcalis de la Patagonia, también dirigida y manejada por López y De Sousa, le facturó un total de $4.658.053 a Los Sauces por el alquiler de otro departamento en Madero Center, esta vez para ser usado para uso personal de la exmujer de De Sousa.
Dicha empresa tenía entre sus miembros a una persona de confianza de los Kirchner: el contador Osvaldo Sanfelice, quien para la Fiscalía fue “esencial para la canalización de fondos ilícitos en favor de los ex presidentes” ya que además era apoderado de Los Sauces.
Cómo habría sido el enriquecimiento de los Kirchner
La tercera fase del delito presentado por la Fiscalía apunta a cómo fue que el dinero que los empresarios inyectaron en Los Sauces pasó a manos de la familia presidencial, tras atravesar por un “proceso de blanqueo”.
“La maniobra en su conjunto consistió en que luego de haber montado la ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos precedentes, de haber sometido el dinero a una cadena de movimientos bancarizados con distintos ejecutantes enlazados entre sí, finalmente los destinatarios finales del delito, gozaran de lo blanqueado, ya sea retirando el dinero de la firma, mediante la compra de propiedades para su uso personal o a través del pago de salarios”, mencionaron los fiscales.
De acuerdo a pericias contables, desde 2008 la inmobiliaria tuvo un “crecimiento vertiginoso” como “consecuencia de la incorporación de activos a su patrimonio y de la suscripción de contratos de alquiler” con empresas beneficiarias del Estado nacional.
Los miembros de la familia Kirchner extrajeron dinero de Los Sauces por más de 10 millones de pesos “en concepto de devolución de créditos a nombre de sus integrantes, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración o como empleado de la firma, o bien a través del pago de gastos particulares con dinero de la sociedad”. También entregaron “préstamos” a la sociedad que luego fueron cobrados.
En el caso de Cristina Kirchner, retiró de la empresa para uso personal $2.095.426,67 “gracias al mecanismo de lavado de dinero del que formaba parte”. Por su parte, Máximo Kirchner se hizo con $2.492.415,69.
Además, la exmandataria y su hija Florencia Kirchner se vieron beneficiadas con la compra de dos inmuebles por parte de la compañía, entre los que se encuentran el departamento de San José 1111 donde la primera cumple su condena a 6 años.
