Luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena por corrupción en la causa Vialidad, la Justicia le dio un plazo de cinco días hábiles a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentarse ante el tribunal y quedar detenida. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N°2, que también informó al Ministerio de Seguridad que debe disponer un lugar de detención para la ex mandataria en una dependencia de las fuerzas federales.
La resolución, firmada por el juez Jorge Gorini, también notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Fernández de Kirchner. El juez remarcó que, debido a su edad (72 años), su rol institucional previo y el intento de magnicidio que sufrió en 2022, la ex presidenta podría solicitar arresto domiciliario.
La misma disposición alcanza a otros condenados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez y ex funcionarios de Vialidad Nacional como José López y Nelson Periotti. Todos deberán presentarse en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py para hacer efectiva su detención.
La decisión judicial llega después de que la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazará por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Kirchner, argumentando que “el debido proceso fue respetado” y que la sentencia fue “fundada en derecho”.
Tras conocerse el fallo, Cristina Kirchner rechazó la acusación de que estuviera intentando eludir la Justicia. “No nos profugamos. Eso lo hace la derecha mafiosa. Después de acá me voy a mi casa. Los peronistas nos quedamos”, afirmó desde la sede del Partido Justicialista, donde también apuntó contra periodistas a los que tildó de “ensobrados”. Incluso coincidió parcialmente con críticas del presidente Javier Milei al periodismo: “En algunas cosas tiene razón”.
La defensa de la ex mandataria, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, anticipó que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), último recurso disponible en el plano internacional. El equipo legal argumentará que durante el proceso se violaron garantías constitucionales y procesales, y pedirá la intervención del organismo para revertir la condena.
Si la CIDH acepta el caso, podría requerir un informe al Estado argentino y habilitar audiencias públicas, que eventualmente derivarían en un dictamen sobre si se incumplió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En caso de desacuerdo, el litigio podría llegar a la Corte Interamericana, cuyas decisiones son vinculantes.
Mientras tanto, Fernández de Kirchner se encuentra en libertad pero ya en condición de ser detenida. La decisión sobre si cumplirá su pena en prisión o en su domicilio quedará en manos del tribunal que dictó la sentencia.
