La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha el procedimiento para que más de US$ 60 millones y varios inmuebles decomisados al empresario Lázaro Báez, condenado por lavado de dinero, y a su hijo Martín Báez pasen formalmente al patrimonio estatal. La comunicación fue enviada mediante un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel.
El decomiso había sido ordenado por el TOF 4 en abril de 2021 y luego ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. Los montos alcanzan US$ 61.130.860,86 y $4.174.697, estos últimos ajustables por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el oficio, Romero también solicitó que los fondos sean transferidos a dos cuentas oficiales de la Corte y reclamó la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.
El trámite se destrabó luego de la resolución del 29 de mayo de 2025, cuando los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos presentados por las defensas. La decisión dejó firmes tanto las condenas como los decomisos y permitió activar la ejecución administrativa de los bienes.
Cruce con el Ejecutivo por la administración de activos
Mientras el proceso judicial avanzaba, el Poder Ejecutivo había creado, mediante decreto, el Consejo de Bienes Recuperados, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia destinado a administrar activos provenientes de causas penales. Sin embargo, en octubre, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials suspendió su aplicación a través de una cautelar, al señalar que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y afecta la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.
Con los decomisos confirmados y los trámites administrativos ya iniciados, la Corte continúa con las gestiones necesarias para completar el traspaso de los fondos y propiedades al patrimonio del Estado.
