Un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El análisis detectó anomalías técnicas en las grabaciones que impidieron establecer con certeza su origen e integridad.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los especialistas identificaron características compatibles con regrabaciones, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas que no se corresponden con un registro continuo. Además, el estudio no permitió atribuir técnicamente las voces a las personas imputadas en el expediente.
El informe también señaló limitaciones que impidieron alcanzar una conclusión definitiva sobre el material. Entre ellas, se destacó que la cadena de custodia de las grabaciones se había interrumpido antes de que fueran sometidas a la pericia.
En ese contexto, los expertos no pudieron descartar una eventual manipulación de los archivos ni determinar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para modificar o generar voces.
Cómo comenzó la causa ANDIS
La investigación judicial se inició tras la difusión pública de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, quien se desempeñó como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. En esas grabaciones se describía un presunto mecanismo de cobro de sobornos a prestadores y droguerías relacionado con la adquisición de medicamentos.
Uno de los fragmentos que trascendieron públicamente mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Sin embargo, según consignó Infobae, la funcionaria nunca estuvo imputada en esta causa.
La difusión del material generó repercusiones políticas y judiciales, mientras avanzaban las medidas destinadas a determinar el alcance de las presuntas irregularidades y la validez de las pruebas incorporadas al expediente.
Qué puede pasar con la investigación
La causa continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar las conclusiones del peritaje y evaluar los próximos pasos de la investigación.
La imposibilidad de confirmar la autenticidad de los audios no implica, por sí sola, el cierre del expediente ni determina automáticamente la inexistencia de los hechos investigados. El alcance del informe deberá ser evaluado junto con el resto de las pruebas reunidas y las medidas que aún puedan realizarse.
De esta manera, el peritaje introduce un elemento relevante para la causa, aunque la definición sobre su impacto judicial dependerá de la valoración que realice el magistrado a cargo.
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