Lo que debía ser el cierre de un proceso judicial de alto impacto social y político tras el asesinato de la trabajadora afiliada al Soelsac, Gabriela Pérez, en el Club Yapeyú, terminó desencadenando un inédito escándalo institucional puertas adentro del Poder Judicial de Córdoba. El quiebre del secreto de deliberación por parte de un jurado popular y la posterior controversia entre la Cámara Tercera del Crimen y el Ministerio Público Fiscal (MPF), expusieron fisuras estructurales en el juzgamiento de causas complejas y encendieron las alarmas en Tribunales II.
El detonante público se produjo tras una entrevista concedida a Radio Mitre Córdoba por uno de los jurados populares que participó en el debate conducido por los vocales Gustavo Ispani, Ángeles Palacio y Leandro Quijada. Rompiendo con el estricto deber de reserva que exige la ley, el ciudadano brindó detalles de las discusiones internas, apuntó contra el criterio de los jueces técnicos y cuestionó el desempeño de la acusación.
Las declaraciones no solo dejaron al descubierto las marcadas discrepancias entre el fuero ciudadano y los magistrados a la hora de valorar la prueba sobre el autor material, sino que además sembraron serias dudas sobre la validez del proceso y el resguardo de las deliberaciones.
La réplica de las partes no tardó en escalar la tensión. Mientras desde el entorno del tribunal se deslizaron cuestionamientos hacia la solidez de la prueba recabada, la fiscal de la Cámara 3ra., Laura Battistelli —quien sostuvo la hipótesis de una interna criminal dentro del entramado sindical—, salió al cruce para defender la investigación acusatoria y remarcar la gravedad de los condicionamientos que sufren las partes cuando el proceso técnico se contamina por la exposición mediática.
La escalada alcanzó tal magnitud que el Ministerio Público Fiscal emitió un severo comunicado oficial recordando la vigencia irrestricta del deber de confidencialidad y guardar silencio que pesa sobre los jurados populares, advirtiendo sobre las responsabilidades legales y penales que conlleva la divulgación de las deliberaciones secretas.
El caso no solo dejó sin respuestas definitivas a la familia de la víctima en el recinto, sino que dejó expuesto un escenario de desconfianza cruzada entre magistrados, fiscales y la participación ciudadana. La polémica promete dejar secuelas en la reglamentación del sistema de jurados populares en Córdoba y en la trastienda de un Poder Judicial jaqueado por la presión y las grietas internas.
