La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió este lunes, en un plenario de secretarios generales, declarar un paro nacional y movilización en todas las universidades del país en caso de que el presidente Javier Milei vete la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso.
La medida fue acompañada por los más de 30 gremios presentes en el encuentro, que además confirmaron la convocatoria a una tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para coincidir con la sesión parlamentaria que debería tratar la eventual anulación del veto presidencial.
“Si hay veto, hay paro y movilización”, sintetizaron desde la Conadu, y remarcaron que el objetivo es “defender a la universidad pública y al sistema científico como pilares del desarrollo soberano del país”.
El reclamo gremial
Los sindicatos subrayaron que la ley aprobada contempla la actualización mensual de los gastos de funcionamiento y de los salarios docentes y no docentes según la inflación, además de un esquema de recomposición salarial retroactivo a diciembre de 2023. También establece fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas, y un incremento progresivo de la inversión en educación superior: del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
“Con salarios pulverizados y presupuestos congelados vamos hacia el colapso”, advirtieron desde la federación. Y recordaron que el año pasado ya había sido aprobada una norma similar, que luego fue vetada por el Ejecutivo.
La posición de la UBA
En paralelo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reforzó su reclamo. El rector Ricardo Gelpi, junto al vicerrector Emiliano Yacobitti y los decanos de las 13 facultades, difundieron un video institucional en el que pidieron al Presidente no vetar la norma y reglamentarla de inmediato.
“Queremos seguir enseñando y aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores puedan quedarse y formar a las próximas generaciones”, sostuvo Gelpi en la grabación.
Los decanos remarcaron que la educación pública “no es una bandera partidaria” sino “un bien común que nos une y enorgullece como sociedad”. Y concluyeron: “Pedimos al Poder Ejecutivo que implemente cuanto antes la Ley de Financiamiento Universitario. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”.
Una norma con amplio respaldo
El proyecto fue aprobado en el Senado el 22 de agosto con 58 votos afirmativos, 10 negativos (siete de La Libertad Avanza y tres de Pro) y tres abstenciones. La holgada mayoría superior a los dos tercios habilitaría al Congreso a revertir un eventual veto presidencial.
Esa posibilidad genera expectativas en el sistema universitario, que ya instaló como consigna: “Si hay veto, hay marcha”. La frase fue ratificada en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado en Rosario, donde los rectores reclamaron una ley de presupuesto anual que garantice el funcionamiento de las casas de estudio.
Un conflicto en crecimiento
El escenario se enmarca en un clima de creciente tensión social y política. Tras el revés electoral que sufrió el oficialismo en las últimas elecciones, distintos analistas señalaron que la falta de inversión en educación, salud, jubilaciones y políticas de discapacidad impactó de lleno en el voto de sectores históricamente sensibles.
En ese contexto, los gremios universitarios consideran que la resistencia sostenida de docentes, estudiantes e investigadores logró reposicionar en la agenda pública la crisis del sistema. “Los incentivos sociales para seguir soportando la brutalidad del ajuste tienden a debilitarse. La indignación se está transformando en fuerza organizada”, expresaron desde Conadu.
Pese a ello, el Gobierno ya anticipó que vetará la ley por considerar que atenta contra el equilibrio fiscal. Milei tiene tiempo hasta el jueves 11 de septiembre para tomar la decisión.
Plan de lucha
La Asociación Gremial Docente de la UBA confirmó la continuidad del plan de lucha con una semana de paros activos, asambleas en las facultades y una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo. Además, en distintas universidades nacionales se preparan acciones de visibilización y encuentros intergremiales.
Mientras tanto, el CIN aprobó el presupuesto que pedirá al Ejecutivo para 2026, calculado en $7,32 billones, monto que actualiza y anualiza las partidas prorrogadas de 2023.
Con la amenaza de un nuevo veto y un calendario parlamentario ajustado, las universidades se preparan para un septiembre de alta conflictividad. La comunidad académica insiste: “La universidad pública se defiende en las aulas, en las calles y en el Congreso”.
