La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y un grupo de funcionarios de su cartera fueron denunciados penalmente por las presuntas contrataciones irregulares de profesionales que facturaban por servicios no comprobados a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
La denuncia, formulada por el abogado y ex funcionario de Seguridad bonaerense Leonardo Martínez Herrero, apunta a los delitos de «malversación de caudales, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita atento la cantidad de personas involucradas».
La presentación apunta también contra Pablo de la Torre, Federico Fernández, Esteban Bosch, Héctor Calvente, Fernando De La Cruz Molina Pico, Gonzalo Avetrani, Santiago Anziano, María Luisa Irigoyen, Nicole Tatschke, la mayoría de ellos separados de sus cargos en Capital Humano.
Martínez Herrero invocó la existencia de una planilla, revelada por una investigación periodística, «donde figuran pagos a un listado de ´contratados´ que facturan a la OEI con fondos públicos, para cumplir tareas en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo».
Ello –añade el documento-, «pone en evidencia el poco transparente mecanismo de distribución de esos recursos».
«La maniobra incluiría la contratación de presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social; una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos cuyo significado y destino se desconocen; y una ´bolsa neta´ y una ´cajita ´, con pesos que se convierten en dólares», cita el texto.
Siempre según la denuncia, el mecanismo involucra a 18 personas, «ninguna de las cuales figura en las bases de datos oficiales del Ministerio, ni frecuentan las instalaciones de la dependencia oficial».
«Y lo que es más extraño aún: al ser consultados los funcionarios del área de comunicación, directamente aseguraron ´no tener idea de la existencia, ni conocer a ninguno de los integrantes de la lista´, subraya el texto.
Antes de que se sorteara el juzgado que deberá intervenir en la investigación, Martínez Herrero recusó al juez Ariel Lijo.
«Toda vez que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia y siendo que la presente denuncia involucra directamente a ese poder del Estado Nacional, solicito que el juzgado del referido magistrado, como así también en los que el mismo subrogue sean desafectados del sorteo correspondiente de estos actuados», reclamó el denunciante.
