La Justicia Federal encontró diferencias sustanciales entre lo que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informó sobre la cantidad y el tipo de comida que tenía en su depósito de Villa Martelli y lo que realmente encontró, según un allanamiento que se hizo el sábado a la tarde por orden del juez federal Sebastián Casanello.
La noticia se conoce en medio del escándalo por las irregularidades en la cartera social, que ayer comenzó a repartir los alimentos acopiados en sus depósitos con ayuda del Ejército. Fuentes judiciales informaron que “hay una multiplicidad de divergencias” entre lo que el Gobierno informó y lo que realmente se encontró en el lugar. Esas diferencias no sólo se encuentran en la cantidad de comida que falta, sino también en que los alimentos que supuestamente estaban vencidos no se encontraban en el lugar. “Es un primer análisis porque seguimos relevando información y además falta mucha documentación que no se encontró”, explicó la fuente.
Los investigadores están tratando de completar la trazabilidad de los alimentos desde que fueron comprados hasta que fueron almacenados y luego distribuidos. Por esa razón, el juez Casanello le reiteró ayer al Ministerio de Capital Humano que le envíe los expedientes relacionados con la compra de estos alimentos. Ya lo había solicitado la semana pasada, pero la cartera de Pettovello no los envió. Se los volvió a pedir y le dio un plazo de 72 horas, pero ese plazo se venció el lunes pasado sin que enviaran nada.
Según parte del informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, en el depósito había 18.640 unidades de leche en polvo de un kilo contra las 30.240 informadas, por lo que faltan 11.600. Tampoco se encontraron en el depósito los aceites de marca “Costa del Sol” que estaban informados, aunque sí había 25.350 unidades del aceite “Alsamar” que no estaban registradas. La situación fue hecha pública por el dirigente social Juan Grabois durante una escandalosa audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Py –que se había reunido para definir la apelación oficial a la orden de Casanello de distribuir los alimentos- donde se cruzó duramente con funcionarios y abogados de Capital Humano.
“Hay faltantes en los depósitos”, dijo Grabois, quien especuló: “Se deshicieron de la comida vencida porque los implicaba en el centro de la causa”. “De esa comida que falta no surge una justificación del por qué, o cuál fue su destino o su fecha del egreso del depósito. Lo mismo con la mercadería vencida, no se sabe el destino”, confirmó a su vez una fuente de la causa.
El fiscal respaldó al juez Casanello
El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó a favor del juez Sebastián Casanello, quien le había pedido al Ministerio de Capital Humano un plan para el reparto inmediato de los alimentos guardados galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.
El juez había ordenado la semana pasada a la cartera de Sandra Petovello que presente un plan de distribución de los alimentos acopiados en un plazo de 72 horas y proceda a su rápida ejecución. Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso de amparo para rechazar la legalidad de la medida, aludiendo que el juez estaba “judicializando una política pública”.
Ahora, el fiscal le dio la razón al magistrado, al entender que “no se está atribuyendo facultades propias de la apelante. No se alza el juez en contra del sistema normativo”. Iturbe sostuvo que “el intento” del Gobierno “de correr el eje de la discusión es evidente” y subrayó que “aquí se están investigando delitos”, no discutiendo la “política alimentaria” oficial.
La cartera de Pettovello inició recién ayer la distribución de más de 465.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio con ayuda del Ejército, que llevará los alimentos a 64 centros de distribución de la Fundación Conin.
