El posicionamiento del Gobierno respecto a las políticas de género -y de derechos humanos- amenaza con convertirse en una nueva mácula de su gestión. Así lo atestigua la ola de rechazos que generó las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra la diversidad sexual, que sin embargo fueron respaldadas por el Ejecutivo.
Todo ocurre en medio del escándalo por violencia contra Fabiola Yañez que involucra al ex presidente Alberto Fernández, que de rebote puso sobre la lupa el desfinanciamiento de la actual gestión de los mecanismos institucionales de cuidado que existían en el Estado –y la desaparición del Ministerio de la Mujer-. “El ministro fue claro. Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie”, planteó ayer el vocero Manuel Adorni, en referencia a los dichos de Cúneo Libarona, quien desconoció la existencia de la violencia de género y planteó que “rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”.
Tanto los comentarios como la reacción del Ejecutivo desataron un rechazo unánime y transversal en la clase política, que salió a alertar por el fuerte retroceso en los avances relativos a las políticas de género. “Solo le faltó decir que somos enfermos y que pueden volver a patologizarnos”, aseveró Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien aseveró que “no puede desconocer que ser gay, como lo soy, llevó siempre a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en la política (…). Usted ha dicho una barbaridad que desconoce las leyes que han ampliado y reconocido derechos”.
“Plantear en 2024 que la identidad de género no es una situación que motiva discriminación o falta de acceso a derechos es desconocer la realidad”, agregó su par socialista Esteban Paulón (Encuentro Federal), mientras Horacio Rodríguez Larreta preguntó con ironía: “¿Dónde está la libertad si no hay derecho a la diversidad?”. La diputada Silvia Lospennato (PRO) consideró que “ningún funcionario público puede desconocer la legislación vigente porque su obligación es garantizar su cumplimiento pero es especialmente grave si quien desconoce las leyes de identidad de género y la normativa constitucional antidiscriminación es el ministro de Justicia que tiene que aplicarlas”. “Dicen ser lo nuevo, pero gobiernan con la cabeza de la edad media”, agregó Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria.
La Casa Rosada se despegó de Villarruel
El Gobierno se despegó de la idea de impulsar la reapertura de las causas contra los miembros de las organizaciones guerrilleras de los ‘70 que propuso Victoria Villarruel, al señalar que es una “agenda” de ella.
Fuentes de la Casa Rosada señalaron que Javier Milei está de acuerdo con que “todos los asesinos deben ir presos” y que coincidiría con el planteo de fondo para que no haya impunidad con los miembros de Montoneros, pero subrayaron que “ese no es un tema ni una prioridad para el Presidente”.
“Realmente ya no sé qué más quieren: si pudieran matarnos, nos matan”, afirmó a su vez la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien consideró que “a mí me tienen un odio tremendo y yo no les hice nada. Yo defiendo la verdad, la memoria y la justicia, que es indispensable para una democracia. Esto está tomando un color muy extraño, muy feo, muy desagradable para la división de la sociedad argentina”.
García-Mansilla defendió su pliego ante el Senado
El candidato a la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla, defendió ayer en el Senado su pliego al máximo tribunal. El postulante respondió un frondoso cuestionario de la oposición que lo complicó especialmente en el tema de las políticas de género y el derecho al aborto, luego de que en 2018 se manifestara enfáticamente en contra cuando la ley tuvo un primer derrotero parlamentario en la gestión de Mauricio Macri.
García-Mansilla intentó una salida técnica para justificar su postura al afirmar que la ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo “choca” con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
A la vez, justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico” y que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la iglesia católica –es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–. “El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, había dicho en 2018.
