La Defensoría del Pueblo de la Provincia, a través de su defensor Adjunto Carlos Galoppo, compartió ayer su adhesión al comunicado emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra) en contra de la decisión presidencial de rechazar medidas, acciones y esfuerzos para prevenir, erradicar y condenar todas las formas y expresiones de violencia contra las mujeres e identidades disidentes.
Al respecto, Galoppo recordó que nuestro país fue el único integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se pronunció en ese sentido. Desde Adpra calificaron a la decisión oficial como «un grave retroceso en materia de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, respecto de los compromisos nacionales, regionales e internacionales ya asumidos, quedando la República Argentina como el único país que votó negativamente en la Asamblea General de la ONU, integrada por 193 Estados».
Por su parte, el defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba sostuvo: «Además de adherir al pronunciamiento de Adpra, veo con gran preocupación que desde el Estado mayor se vulneren los derechos de miles de mujeres alrededor del mundo. Como integrantes de los distintos niveles del Estado, tenemos la responsabilidad de sumar recursos que promuevan una sociedad libre de violencia de género en consonancia con los tratados internacionales a los cuales nuestro país ya adhirió, como es el caso de la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer».
Galopp destacó también que la Defensoría del Pueblo de Córdoba hace más de 10 años trabaja en la problemática de género. Mediante talleres, capacitaciones y programas, la institución llega a miles de personas que recibieron capacitación y herramientas para el abordaje y prevención de la violencia en comunidades educativas, clubes y distintos ámbitos de la sociedad civil.
Adpra finalizó su escrito manifestando «preocupación por el correlato con un contexto de vaciamiento de las políticas públicas que promueven la igualdad de género y el derecho a vivir una vida libre de violencias».
