Una nueva controversia involucra al Gobierno nacional tras la difusión de un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, que emplea términos despectivos para referirse a las personas con discapacidad.
La Resolución 187/2025, que detalla las revisiones y distribución de pensiones no contributivas, clasifica a los beneficiarios según su coeficiente intelectual en tres categorías: «idiota» (0-30), «imbécil» (30-50) y «débil mental profundo» (50-60).
Estas categorizaciones han sido fuertemente rechazadas por organizaciones sociales y abogados especializados en discapacidad, quienes las consideran discriminatorias y contrarias a los principios establecidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El documento fue emitido bajo un decreto presidencial, el número 843, que otorga a la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Spagnuolo, la facultad de clasificar a las personas con discapacidad utilizando estos términos obsoletos y estigmatizantes.
Desde hace más de dos décadas, los términos utilizados en la resolución fueron abandonados por su carácter peyorativo y su incompatibilidad con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según esta convención, la discapacidad no es un obstáculo para trabajar, aunque las personas con discapacidad enfrentan barreras sociales y estructurales que deben ser eliminadas. La inclusión y la dignidad son principios clave, y la clasificación propuesta por el gobierno argentino contradice estos principios fundamentales.
Fuerte rechazo de las organizaciones de discapacidad
Abogados como Eduardo Quiroga, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, y organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), denunciaron que esta medida refuerza la discriminación histórica y viola los acuerdos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El nuevo enfoque del gobierno, que se presenta como una revisión de un millón de pensiones, ha sido percibido como un retroceso hacia un modelo que no reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos en igualdad de condiciones. Ana María Mitoire, presidenta del IPRODICH, calificó la resolución de «retrógrada», mientras que Gabriela Troiano, de REDI, lo ha tildado de un acto de «violencia institucional sin precedentes».
La resolución, que incluye un anexo detallado sobre la clasificación de las personas con discapacidad intelectual, describe a aquellos con un CI entre 0-30 como incapaces de realizar tareas básicas; a los de 30-50 como personas que solo pueden hacer tareas rudimentarias; y a los de 50-60 como «débil mental profundo», atribuyéndoles una capacidad limitada para interactuar con el entorno.
El rechazo a esta medida subraya la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, que respete los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su discapacidad.
