El escrutinio de las elecciones municipales desarrolladas ayer en nuestra ciudad mostró un enorme contraste con lo ocurrido el 25 de junio pasado, durante el fallido recuento provisorio de los comicios provinciales, que sufrió una serie de demoras provocando incertidumbre en los búnkeres de las coaliciones políticas que participaron de aquella contienda, y en la ciudadanía en general.
Por el contrario, anoche se dieron a conocer los primeros resultados a las 21:25 horas, a partir de lo cual Daniel Passerini se proclamó como el intendente electo. Se trató de una señal auspiciosa que terminó por confirmarse cuando alrededor de las 23:20 ya se habían escrutados el 99,54% de las 3.289 mesas habilitadas en esta capital. Según se detalló de manera oficial, el nivel de participación fue del 60,26%.
En esta oportunidad, no se usó el controvertido sistema Turing para el conteo de votos (la digitalización, con escaners, en cada uno de los centros de votación, y la transmisión directa desde allí), a cargo de la empresa Ocasa, contratado por primera vez por la Justicia Electoral de Córdoba para la renovación de autoridades provinciales del mes anterior.
En la jornada de ayer la Junta Electoral Municipal utilizó “el sistema tradicional”, es decir, con carga manual y doble. Funcionó de la siguiente manera: una vez que las autoridades de mesa terminaron de contar los sufragios en cada escuela, completaron el Certificado de Escrutinio, que firmaron todos los fiscales.
Una copia de ese documento (el “telegrama”) fue retirada por un “rondin” (personal de la empresa Ocasa, acompañado por un policía y con un control de trazabilidad remoto) que lo llevó hasta el “nodo” más cercano al colegio. Desde allí, se escaneó el documento que fue recibido en el centro de cómputos, ubicado en Apex (Entre Ríos 11) donde una primera persona lo cargó en el sistema, y luego pasó el Certificado para que una segunda persona concretara la misma tarea, con el objetivo de un control cruzado.
Un aviso controvertido de la Junta Electoral
El comunicado de la Junta Electoral Municipal, donde informó que pese a que los comicios eran obligatorios no habría multas, se convirtió en el centro de las críticas de la mayoría de los candidatos que concurrieron a las urnas.
Por caso, desde Juntos por el Cambio hicieron una lectura muy crítica sobre ese llamativo aviso. “La Junta Electoral hace hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma”, consideraron.
A su turno, el jefe de campaña del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, Héctor “Pichi” Campana, también se manifestó en contra de esa publicación oficial de la Junta. “Como jefe de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral. Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Deportes.
Sobre el particular, la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, se expresó en sus redes sociales para exponer en 10 puntos su visión sobre la polémica. Entre otras cuestiones, reiteró que el sufragio es obligatorio y que la Junta Electoral es la responsable de aplicar sanciones monetarias en caso de incumplimiento injustificado por parte de los votantes, las cuáles deben estar especificadas en el Código de Faltas. Además, recordó que hay otra sanción por incumplimiento del sufragio: “No podrá ser designado para desempeñar funciones municipales, por el término de tres (3) años a contar desde la elección que motivó la infracción”.
Tras ello, se refirió a la información que difundió la junta Electoral sobre la imposibilidad de cobrar multas por falta de reglamentación y consideró la situación como un “disparate política”. “Desalentar el voto diciendo que es obligatorio pero no se aplicará la ley es, por lo menos, una conducta impropia de la autoridad electoral, responsable precisamente de aplicar la ley”, cuestionó.
En medio de las repercusiones por el aviso y la denuncia penal de la alianza opositora, la Junta Electoral Municipal respondió con un breve comunicado. “Las manifestaciones realizadas por una única agrupación política a escasas horas del acto electoral, pretendiendo poner en duda el accionar de la Junta, implican lisa y llanamente una acometida al derecho inalienable de la ciudadanía para participar en la votación, y constituyen un solapado intento de debilitamiento a las instituciones democráticas”, indicó el escrito de la Junta Electoral.
