Los equipos técnicos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) concluyeron que las declaraciones del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sobre la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Ayelen Mazzina, implicaron «una descalificación discriminatoria por su pertenencia a un grupo especialmente protegido».
Fuentes del organismo indicaron a Télam que en «el informe jurídico elaborado por el área correspondiente se alerta sobre los discursos que niegan derechos y promueven prejuicios y estereotipos, y su potencialidad de multiplicar prácticas discriminatorias en nuestra sociedad».
Pichetto había dicho el pasado 17 de febrero en declaraciones al canal La Nación+ que «el Ministerio de la Mujer no se expidió» sobre el caso Lucio Dupuy porque esa cartera «está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer».
Luego de la polémica por sus declaraciones, el exsenador publicó una serie de tuits en los que señaló que su «intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra con las de las perpetradoras del crimen».
Sin embargo, Mazzina sí se había pronunciado sobre el caso en una entrevista con Télam el 2 de febrero, antes de conocerse el veredicto.
«Hay dos responsables directas que tienen que ser condenadas por la Justicia», sostuvo la funcionaria, quien afirmó que estaba «hablando de Lucio para romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias, en un contexto de hostilidad, de discursos de odio, con una derecha que nos dificulta el debate público».
Desde el Inadi indicaron que «declaraciones (formuladas por Pichetto) que se analizaron en el informe niegan la igualdad de condiciones y la capacidad respecto de otras mujeres, en este caso, de la ministra Mazzina para ocupar su cargo por el solo hecho de reconocerse como lesbiana».
“El caso ilustra un argumento falaz que le permite al autor de las expresiones asociar de manera directa, en un vínculo de orden causal, el lesbianismo y la incapacidad para reconocerse mujer o representar al colectivo de mujeres de manera legítima”, consideraron.
Por otro lado, el informe también concluye que las declaraciones analizadas injurian al colectivo de lesbianas a través de la figura de la ministra Mazzina, atribuyendo «una supuesta falta de interés sobre el caso de Lucio Dupuy, y señalando como posible causa de esa conducta el hecho de que sus autoras tienen su misma orientación sexual».
«De esta manera se vincula de manera deliberada un crimen aberrante como el de Lucio con la orientación sexual de las autoras, que, a su vez, como explicita el propio autor de los dichos, coincide con la de la Ministra y motiva su descalificación», fundamentaron desde el organismo.
Es por eso que el informe del equipo técnico del Inadi advierte que “las manifestaciones vertidas contienen valoraciones peyorativas respecto de la orientación sexual para referirse al desempeño de una persona, dando lugar a la discriminación materializada en una inferiorización del otro”.
El pasado 22 de febrero, en su carácter de interventora del Inadi, Greta Pena, envió una invitación formal a Pichetto, con el objetivo de «abordar -a través del diálogo- el carácter y las implicancias de sus declaraciones públicas sobre el género y la sexualidad» de Mazzina.
«Mediante el diálogo podremos encontrar acuerdos valiosos tendientes a la lucha contra cualquier tipo de discriminación y, de esta forma, contribuir a afianzar los valores de convivencia democrática en nuestra sociedad”, había señalado Pena al cursar esta invitación.
Como respuesta, Pichetto no sólo mantuvo sus posicionamientos públicos, sino que además rechazó cualquier instancia de diálogo ya que “los términos de la convocatoria resultan inexactos pues encierran una afirmación falaz”
Voceros del Inadi indicaron que a raíz del informe se están evaluando acciones de prevención y sensibilización, y recordaron que los funcionarios deben realizar una capacitación en cuestiones de género de carácter obligatorio en función de la «Ley Micaela”.
Dicha normativa plantea la capacitación en perspectiva de género para los funcionarios públicos de las administraciones nacionales y provinciales, de los todos poderes del Estado, que fue votada en 2018 y contó con el acompañamiento de Pichetto, quien entonces se desempeñaba como senador nacional.
