A última hora de ayer se suspendió en la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuestaria previsto para hoy en el que se iba a tratar el proyecto de Ley de Humedales.
La decisión surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate y, por consiguiente, la sospecha de que la iniciativa no contaría con los votos necesarios para su aprobación. Así, la reunión prevista para este jueves quedo suspendida y sin nueva fecha de realización.
El plan original era que Diputados lograra emitir hoy dictamen sobre un conjunto de proyectos para garantizar la protección y el uso racional de los humedales, en base a iniciativas presentadas por legisladores del oficialismo y la oposición y en medio de un extendido reclamo de organizaciones ambientalistas para que se sancione una ley. La demanda se agudizó en los últimos meses producto de los recurrentes incendios forestales que afectan a la zona de islas del delta del Paraná, en Santa Fe, y otros puntos del país, especialmente en Córdoba y San Luis.
El dictamen de mayoría era impulsado por el oficialismo, la izquierda y un sector del Interbloque Federal en base a una decena de proyectos, por lo que hasta última hora se mantuvieron conversaciones para que ese texto reciba el respaldo de la mayoría de los bloques, algo que finalmente fracasó.
Los proyectos contemplan una definición de los humedales y proponen la realización de un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.
En la antesala al debate, ayer los gobernadores del Norte Grande remarcaron la “importancia de sancionar una ley de humedales”, pero aclararon que deber haber “un equilibrio” que garantice el desarrollo de las actividades productivas estratégicas de la región. A través de un comunicado, los norteños aclararon que cualquier iniciativa legislativa debe reconocer que las provincias tienen el “dominio originario de los recursos naturales”.
A la vez, subrayaron que la norma “debe focalizarse sobre los humedales naturales, no en los derivados de la acción antrópica” y afirmaron que las provincias tienen la potestad de “realizar sus inventarios” sobre las zonas a proteger. Si se tiene en cuenta que los humedales son áreas donde la principal característica es el agua, la definición conceptual que adopte la ley es uno de los puntos de mayor discusión y por eso el planteo que hacen los mandatarios del interior.
En concreto, se trata de una norma resistida por varios frentes. Por caso, en la víspera la comisión de Agricultura y Ganadería a cargo del radical formoseño Ricardo Buryaile convocó a una veintena de expositores contrarios al proyecto. Es que el ex ministro de Agricultura de Cambiemos viene denunciando cierto carácter “prohibitivo” de la norma para desempeñar actividades económicas regionales, principalmente la ganadería o la agricultura en zonas que pasarían a ser consideradas humedales. Pero no es el único, también existe una fuerte presión desde sectores vinculados a la producción minera, como es el caso de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, donde apuestan a la explotación del litio, ya que esos yacimientos también podrían ser caratulados como humedales.
