La mayoría de los diputados nacionales por Córdoba rechazarán en el recinto el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, según se desprende de las respuestas y de los silencios de los 18 representantes de esta provincia en la Cámara baja.
Como primer dato político aparece la postura uniforme, sin fisuras, de los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes no sólo votarán en contra del veto sino que además, en palabras de Ignacio García Aresca, trabajarán para “construir” los dos tercios necesarios para ratificar la ley. Asimismo, los dos representantes del peronismo nacional –Gabriela Estévez y Pablo Carro– rechazarán el veto.
En cambio, la UCR y el PRO transitarán otra vez por grietas internas. Los radicales Rodrigo de Loredo (jefe de bloque) y Gabriela Brouwer de Koning y los amarillos Oscar Agost Carreño y Héctor Baldassi votarán a favor de las universidades públicas.
El radical Luis Picat, Laura Rodríguez Machado y Belén Avico, ambas del PRO, apoyarían el veto presidencial; al igual que los tres diputados oficialistas: el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, la legisladora de ese espacio Celeste Ponce y la representante del MID, Cecilia Ibáñez, anticipó un informe del diario La Voz del Interior.
La radical Soledad Carrizo, quien responde al esquema nacional del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, aliado al Gobierno nacional, no respondió concretamente la consulta respecto de cuál es su posición: “Veremos si (Milei) se anima al veto. Tiene tiempo hasta el jueves (por hoy)”, aclaró.
Uno por uno
El jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, justificó el apoyo al veto en “una razón sencilla: el proyecto en cuestión no especifica de dónde van a salir los fondos para financiarlo; o sea, se va a financiar con emisión e inflación”. Bornoroni dijo que el veto no es contra las universidades, sino “contra los irresponsables fiscales”, en alusión a la mayoría de los legisladores nacionales que sancionaron la ley. Con él votará la otra diputada nacional cordobesa de LLA, Celeste Ponce.
Aunque fueron evasivos o no respondieron la consulta, en el oficialismo cuentan como propios los votos de Laura Rodríguez Machado (PRO), Belén Avico (PRO), Celeste Ibáñez (MID) y Luis Picat (UCR). Hasta ahí, el poroteo daríaa seis votos en rechazo al financiamiento universitario, es decir un tercio de los 18 que integran la representación de Córdoba en la Cámara Baja. Resta saber, como se dijo más arriba, qué hará Soledad Carrizo, aunque en el veto de la ley de movilidad jubilatoria votó en contra de Milei.
El tercer integrante por Córdoba del bloque PRO es Héctor Baldassi, quien anticipó que rechazará el veto de Milei. “Estoy convencido de que lo único que te saca de la vulnerabilidad es el acceso al estudio, al conocimiento, y el nivel universitario con más razón todavía; es impensable una sociedad desarrollada si no se pone prioridad en el financiamiento de su educación superior”, dijo Baldassi, quien definió a la educación pública como “un derecho”.
Pese a no integrar el bloque PRO sino Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño es el presidente del partido en Córdoba. Anticipó su rechazo al veto de Milei porque “significa vetar el futuro de nuestro país”. “Este veto no es una decisión económica, como se ha querido hacer creer. En la Ley de Bases, por ejemplo, incorporamos un impuesto al tabaco que podría cubrir los costos de las universidades”, dijo Agost Carreño al salir al cruce de los libertarios. “No hay un futuro posible sin una educación pública robusta y accesible”, dijo.
“El costo de la ley es de apenas el 0,14% del PBI”
Rodrigo de Loredo anticipó que va a “insistir” con la ley ya votada por ambas cámaras del Congreso. “Estamos convencidos de que garantizar el financiamiento universitario no daña el equilibrio fiscal. Primero, porque ya existe la previsión presupuestaria. Y segundo, porque de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la ley es de apenas el 0,14% del PBI. No hay incompatibilidad entre esta ley y el objetivo económico más urgente que trazó el Gobierno”, dijo el jefe de la bancada radical.
“Después del descalabro de las cuentas públicas que dejó el populismo, el equilibrio fiscal es necesario, pero el ajuste no puede afectar a la educación ni a los jubilados. La educación es la garantía de que las personas puedan progresar por su esfuerzo, sin depender del lugar en el que nacieron. Los mejores momentos de Argentina en su historia coincidieron con el estímulo a la buena educación”, agregó De Loredo, quien debe administrar la fuga de al menos cinco radicales, entre ellos Picat, que votarán con el oficialismo en contra del financiamiento universitario.
Por su parte, Gabriela Brouwer de Koning también votará en contra del veto: “Ignorar un reclamo legítimo y racional demuestra, una vez más, la desconexión del Gobierno con la voluntad de la mayoría de los argentinos y con los principios de la Constitución Nacional”, dijo la diputada de Río Tercero, quien, al cruce de Bornoroni, agregó respecto dónde se podrían sacar los fondos: “El Gobierno dejó de recaudar por bienes personales para el 2 por ciento más rico del país o a la mitad del régimen industrial de Tierra del Fuego”.
La postura crítica de los cinco peronistas
Abroquelados, los cinco diputados del peronismo de Córdoba rechazarán el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Carlos Gutiérrez, mano derecha de Juan Schiaretti en la Cámara Baja, anticipó el rechazo al veto: “Se equivoca el Gobierno cuando confunde la necesidad de controlar la administración con el valor que atraviesa a toda la sociedad argentina expresada en el sueño de ‘mi´jo el dotor”, en la cual no hay una sola familia argentina que no crea que una de las herramientas para ascender en la vida sea el estudio a través de las universidades”.
Ya se mencionó que García Aresca, delegado de Llaryora en el Congreso, confirmó que trabajará en la construcción de los dos tercios para sostener la Lay de Financiamiento Universitario.
Por su parte, Natalia de la Sota dijo que Milei “ignora el poder de transformación que tiene la educación pública en la sociedad”. “Esta desatención del Gobierno nacional hacia el sistema educativo, expone su desconocimiento y cómo su plan económico destruye con crueldad uno de los pilares institucionales más importantes de la Argentina. La educación superior es un derecho que debemos cuidar. Es con más educación, y como política de Estado, nunca con menos”, señaló la diputada nacional.
Juan Brügge se expresó en un mismo sentido respecto de la “defensa de la universidad publica por su función inclusiva, de equidad territorial y generadora de igualdad de oportunidades”.
Los dos escaños del peronismo nacional (Carro y Estévez) también votarán en contra del veto: “Lo que se propone simplemente es que los gastos de funcionamiento universitario y los salarios docentes se actualicen de manera extraordinaria para el año en curso por índice de inflación desde el momento que asumió Javier Milei. La inmensa mayoría de nuestro pueblo entiende que se trata de una ley justa”, dijo Carro.
