La causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez comienza a encontrar sus primeros inconvenientes, en una semana clave por el inicio de las declaraciones testimoniales. Ocurre que la ex primera dama informó a la Justicia que perdió su teléfono móvil, donde guardaba todas las conversaciones con el ex mandatario, que hasta ahora fueron la prueba clave para sostener su acusación.
Yañez explicó que el teléfono con los chats y fotos desapareció durante una mudanza en España, cuando se trasladó de un departamento a otro con Fernández en Madrid. Sin embargo, aseguró que tiene capturas de pantalla de los chats que evidencian el maltrato supuestamente recibido de parte de Fernández, mientras que la Justicia confía en poder reconstruir los intercambios y conseguir otras pruebas para corroborar sus denuncias.
En cuanto al teléfono móvil de Fernández, que fue secuestrado en la causa, el propio ex presidente aseguró que le “desaparecieron” los chats con su ex pareja entre 2022 y 2023. “No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación”, argumentó en una entrevista con El País de España, aunque la Justicia cree que podrá recuperar las conversaciones con Yañez.
Otro trascendido indica que se caería además la acusación contra Fernández por supuestamente violar las restricciones impuestas por el juez Julián Ercolini de no comunicarse con su ex por ningún canal, que fue notificada el 6 de agosto al ex mandatario. Según la especie, el último contacto telefónico entre Fernández y Yañez se registró ese día a las 17:09, pero la notificación del juzgado llegó dos horas después, a las 19:47. El dato, si se confirma, podría tener otras consecuencias para el desarrollo de la causa porque el supuesto hostigamiento fue el argumento que utilizaron los fiscales para pedir el secuestro del teléfono del ex presidente, algo que ocurrió el 9 de agosto por la noche.
La defensa de Fernández solicitó además que el análisis del dispositivo no se extienda a otras comunicaciones, pero la Justicia no respondió esa solicitud. Fuentes periodísticas sostienen que el juez Ercolini pretende utilizar el teléfono de Fernández en otras causas, como la investigación de los seguros contratados al marido de su secretaria, Héctor Martínez Sosa.
La Justicia tampoco podrá acceder a otra prueba clave: las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno de Fernández, como solicitó el fiscal Ramiro González, ya que no existirían esos registros. Según los trascendidos, las cámaras de seguridad del predio tenían en aquel momento un almacenamiento de hasta 35 días como máximo, por lo que se sobreescribían los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad, lo que vuelve imposible acceder a los videos para reconocer a las personas que entraban, salían y circulaban por la Quinta de Olivos.
Mazzina presentó sus propias pruebas
La exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, sumó a su declaración judicial varias capturas de pantalla de chats que mantuvo con Fabiola Yañez como prueba para desmentir sus afirmaciones sobre el pedido de ayuda que supuestamente le habría solicitado la ex primera dama por padecer violencia de género por parte de Alberto Fernández.
Mazzina presentó a la Justicia numerosos chats que están “certificados por escribana” y que fueron presentados “en un escrito con todo el relato”. En esos mensajes se puede corroborar una relación muy cercana entre Mazzina y Yañez, como de amistad, así como también la preocupación de la ministra por la situación emocional de la ex primera dama.
En entrevistas que brindó a algunos medios luego de la acusación de Yañez, Mazzina sostuvo que “jamás” le comentó la situación que vivía con Fernández y que si ese pedido de ayuda hubiera sucedido “le creería a ella”. “Si eso hubiera pasado, habría renunciado a mi cargo, ya que nunca sería cómplice de un gobierno con estas características”, afirmó.
