La Fiscalía D1 que actualmente subroga el fiscal José Mana sigue de cerca la huelga de hambre que mantienen desde el martes al mediodía un grupo de presos condenados en el Penal de Bouwer, dentro de los pabellones MD1.
El principal reclamo es -según denuncian- que existe una mora de los juzgados de ejecución para resolver la situación de las libertades condicionales y asistidas, principalmente en lo referido a las pericias psicológicas.
«Hay varios presos que están en huelga de hambre desde el martes al mediodía porque no están accediendo al beneficio ya sea de la condicional o de la asistida. Solo ingieren agua», dijo esta mañana Juan Domingo Gacitúa, abogado defensor de varios de los presos que mantienen la medida de fuerza. El letrado agregó que ha tomado intervención el Estado provincial a través de un comité «para analizar cada situación particular».
En relación al reclamo, el abogado aclaró que cuando un preso cumple con las condiciones del beneficio, y hasta que se expide el juez, generalmente transcurre un lapso de siete u ocho meses, lo que refleja «una morosidad por parte del Servicio Penitenciario respecto a los informes criminológicos, además de la demora en las pericias psicológicas».
En declaraciones a la prensa, este miércoles un detenido desde la cárcel denunció que la protesta responde además a otras condiciones, entre ellas, que cuando son traslados a declarar son «obligados a desnudarse» y que el agua que ingieren les provoca «diarrea». «El servicio penitenciario está en alerta, en cualquier momento se arma un motín», declaró Marcelo, el preso que hoy dio su testimonio al programa El Show de la Mañana.
En la cárcel de Bouwer se da además otra particularidad sobre un preso que cambió su identidad dentro del penal y que fue traslado del sector de hombres a un pabellón de mujeres. El recluso, que ingresó bajo el nombre de Gabriel Fernández por un caso de violencia familiar y fue condenado a tres años y dos meses de prisión, después de un tiempo detenido inició, a través de la Ley 26.743, su cambio de identidad.
«Para ello hizo el cambio de ratificación de las partidas como lo marca la ley y en su nuevo documento figura como Gabriela Fernández,» detalló hoy Gacitúa.
A partir del cambio de género de Fernández, el juez interviniente ordenó su traslado al penal de mujeres, donde se suscitó una situación atípica. «Esta persona, que en su aspecto y fisonomía es un hombre, por ejemplo se baña con todas las mujeres, lo que ha generado resquemor por parte de las visitas de las presas y cierta incomodidad en las mujeres que comparten el pabellón», señaló el abogado que patrocina a la ahora reclusa.
