La iniciativa establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión para quien difunda contenidos de desnudez total o parcial o contenido sexual o erótico fruto de una relación íntima o de confianza por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos, sin el expreso consentimiento de quienes aparezcan en esos contenidos para tal fin.
Además, la justicia deberá arbitrar los mecanismos necesarios para retirar de circulación, bloquear, eliminar o suprimir el material difundido “en el menor plazo posible”. “Las nuevas tecnologías han condicionado nuestra socialización y juegan un rol central en dimensiones relevantes de las personas como la sexualidad – sobre todo en las generaciones más jóvenes – y esto genera nuevos desafíos que deben ser atendidos por el Estado. Prácticas muy extendidas en la actualidad, como el sexting, nos exponen a distintos riesgos.
La difusión no consentida de imágenes íntimas es uno de ellos y afecta especialmente a las mujeres, en lo que constituye una nueva modalidad de violencia de género. Este proyecto en particular busca sancionar la difusión no consentida de contenidos de desnudez total o parcial o contenido sexual o erótico obtenidos fruto de una relación íntima. Pero también hacen falta políticas públicas para educar al respecto y prevenir estas situaciones. Creo en este sentido que es un aspecto importante para ser tratado en el marco de la educación sexual integral”, comentó Estévez al defender la iniciativa, elaborada junto a Ageia, una ONG de Córdoba especializada en delitos informáticos.
Para Ageia, “la pornografía no consentida es una nueva forma de afectar la identidad digital de las personas y, de manera concatenada, su identidad real, su expresión corpórea en la sociedad”, según informó la ONG. El proyecto cuenta con el respaldo de diputados de diferentes bancadas además del FpV-PJ, como el Frente Renovador, Evolución y Red por Argentina, entre otros.
