El Juzgado Federal número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió ayer imputar a los 27 estudiantes que participaron de la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que se extendió por 31 días entre agosto y septiembre del año pasado. Al mismo tiempo, dictó la falta de mérito a la única docente que participó de las protestas. Con esta resolución, los estudiantes quedaron imputados por el delito de usurpación por despojo, por la acción llevada adelante en el hall central del edificio, ubicado en la avenida Haya de la Torre, en Ciudad Universitaria, y cuyo proceso quedó al borde de la elevación a juicio.
En los considerandos, Vaca Narvaja dijo que “los imputados privaron a las autoridades, a los agentes de la universidad, al concesionario del bar, y al público en general, del goce material y efectivo de las instalaciones del Pabellón”, en donde funcionan el Rectorado y Vice-rectorado. Además, agregó que quedó acreditado que los imputados recurrieron “a la violencia y a las amenazas”, tanto para ingresar al edificio como para mantenerse en el lugar.
En relación al derecho a la protesta, la fiscalía se preguntó “hasta qué punto estamos en presencia del legítimo ejercicio de derechos constitucionales y en qué medida tal ejercicio entra en conflicto con las normas penales”, utilizando incluso como recurso la famosa expresión de Jean Paul Sartre: “La libertad de uno termina donde comienza la de los demás”. Seguidamente, calificó a la modalidad de la protesta de “excesiva y desproporcionada”, y que incluso se mantuvo “cuando el conflicto había sido ya resuelto” y “ya se había captado con creces la atención de las autoridades y de los medios de comunicación”.
El juez entendió que los motivos de la toma apuntaban, principalmente, al presupuesto universitario y a los salarios del personal docente y no docente de la UNC pero que, una vez que los gremios llegaron a un acuerdo salarial y la porción medular del contenido de su reclamo “se vio satisfecha”, la ocupación no cesó. “Los imputados continuaron insistiendo en reivindicaciones que excedían las posibilidades que las autoridades universitarias tenían de satisfacerlos o bien en reclamos que debían canalizarse por las vías previstas institucionalmente a esos fines”, se fundamentó.
En sus argumentos, desarrollados en 45 páginas, Vaca Narvaja cuestionó “la representatividad que este pequeño grupo de estudiantes tenía en relación a todo el universo de estudiantes”, a la vez que se preguntó porqué al solicitar instancias de diálogo con las autoridades universitarias no permitieron la participación de representantes de las agrupaciones estudiantiles Franja Morada, La Bisagra, La Mella, Sur y el Movimiento Nacional Reformista.
Por lo expuesto, el juez ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los 27 estudiantes que mantuvieron la toma entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre de 2018 por el delito de usurpación por despojo. Al mismo tiempo, dictó la falta de mérito a la abogada Leticia Celli porque “los elementos arrimados a la causa resultan insuficientes para sostener su participación en la toma”.
Críticas al fallo
A comienzos de octubre, las 28 personas habían sido identificadas por la Justicia Federal como participantes de la toma del Pabellón e imputadas por el delito de “usurpación” por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. La medida desató un inmediato repudio en el ámbito universitario y político local, a la vez que la Asamblea Interfacultades convocó a distintas protestas contra la “criminalización de la protesta”. Al conocerse el fallo, la legisladora Laura Vilches (FIT) apuntó contra Vaca Narvaja, de quien dijo que es “el responsable de este escandaloso y celebérrimo fallo que pone por delante la propiedad al derecho a la protesta”. “Procesar estudiantes mientras las causas contra los poderosos de la provincia se archivan casi sin investigación. Esto no es una novedad, lo que sí sorprende es que un juez que se precia defensor de los derechos humanos siente este peligroso antecedente”, apuntó.
