A un año de la aprobación de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos y Tejidos, desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) informaron que se realizaron 871 procesos de donación de órganos, que permitieron que 1.958 pacientes en lista de espera reciban un trasplante de órganos.
La cifra permitió la realización de 512 trasplantes más que los realizados en igual periodo del año anterior. De esta forma, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de este año, la tasa de donantes alcanzó los 19,5 por millón de habitantes, la más alta de la historia del país. Esta cifra se acerca por primera vez a la del promedio de los países de la Unión Europea, donde cuentan con la tasa de donantes más alta del mundo, con 22,3 donantes por millón, según datos publicados en la última edición del Newsletter Transplant.
Por su parte, la donación de tejidos creció un 77% en el período, pasando de 551 a 979 procesos de donación realizados. El 4 de julio de 2018 fue sancionada la Nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células con la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
De los 1.958 trasplantes de órganos realizados en el período, 1.179 fueron renales, 480 hepáticos, 128 cardíacos, 88 renopancreáticos, 46 pulmonares, 23 hepatorrenales, seis pancreáticos, cinco cardiorenales, dos hepato intestinales y uno intestinal. Se concretaron también 2.042 trasplantes de córneas.
El 4 de julio de 2018 fue sancionada la Nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (número 27.447). La norma fortaleció el sistema de procuración y agilizó y simplificó los procesos de donación y trasplante, permitiendo que en 2018 se superara la marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en el país.
La llamada “ley Justina” fue inspirada en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre de 2017 en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón. La normativa establece que todas las personas son donantes, salvo que en vida hayan expresado lo contrario: habilita la ablación de órganos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su negativa.
