La despenalización del consumo, el acompañamiento y tratamiento del sistema de salud para reducir daños, la regulación de la producción y venta y el autocultivo son algunos de los ejes del acuerdo que se presentará este sábado al que arribaron unas 21 organizaciones en relación a cómo regular legalmente el cannabis.
«Este acuerdo es una instancia novedosa porque implicó el trabajo conjunto de distintos actores sociales, organizaciones y organismos para impulsar una iniciativa muy necesaria en Argentina donde el cannabis es la sustancia psicoactiva más consumida, después del alcohol y el tabaco», indicó Marina García Acevedo, del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Acevedo señaló que desde el organismo impulsan la necesidad de «despenalizar el consumo de todo tipo de sustancias a la vez que regular el mercado del cannabis, lo que implicará una disminución en la vulneración de los derechos humanos de la población».
«Como el consumo se encuentra penalizado, a pesar de que hace diez años la Corte Suprema dijo que esto era inconstitucional (en el fallo Arriola), la policía todavía detiene y genera causas a quienes tienen marihuana; esto se focaliza especialmente en los sectores más vulnerables como los pibes de los barrios, las personas trans o las trabajadoras sexuales», sostuvo.
En efecto, Acevedo describió que en algunos distritos, como el partido de Necochea, más del 60 por ciento de las causas iniciadas corresponden a «tenencia para consumo».
Por su parte, Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios, coincidió en que el acuerdo es novedoso porque «va más allá de la despenalización de la tenencia para consumo, en lo que todos coincidimos, pero también agrega la necesidad de regular».
«Cuando estamos ante prácticas que implican algún riesgo como sucede con el consumo de cualquier sustancia psicoactiva -como por ejemplo el alcohol-, prohibirla no genera ninguna posibilidad de cuidados ni de reducción de esos riesgos», señaló Touzé.
A su tiempo, Mariana Souto Zabaleta, coordinadora del grupo de estudios en Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) agregó que en Argentina “hay evidencias empíricas que muestran que pese a que se fortalecen cada vez más las políticas represivas, los patrones de consumo se incrementan. Con lo cual, hay esfuerzo policial y judicial que es absolutamente inefectivo”.
Entre las evidencias empíricas, Souto Zabaleta menciona dos estudios hechos por Sedronar en 2010 y 2016, en población general entre 12 y 65 años, que revelan como aumentaron tanto el indicador de consumo como los indicadores de facilidad de acceso y de oferta directa: el consumo creció de 3,2% (2010) a 7,8% (2016), la oferta directa de 20,5% (2010) a 35,5% (2016) y la facilidad de acceso de 40,7% (2010) a 48,9% (2016).
En este sentido, la especialista afirmó que «regular implica establecer condiciones, pautas, en qué lugar se podría consumir, en cuáles no, cómo cuidar a los menores de 18 años, controlar la calidad del producto para que no contenga sustancias más tóxicas, a la vez que regular un mercado que actualmente existe y que es totalmente ilegal».
