La ocupación pacífica que los trabajadores de Molinos Minetti llevan adelante desde hace meses en la planta de barrio Smata derivó ayer en una jornada de resistencia luego de que la escribana de la empresa, María Leonor Benedetto, y efectivos de la Policía de Córdoba, intentaran llevar a cabo otro desalojo.
De acuerdo con un comunicado del cuerpo de delegados, uniformados adicionales y la escribana cerraron los portones de ingreso a la fábrica con el personal en su interior.
egún el dirigente del Nuevo Más, Eduardo Mulhall, dentro del molino quedaron un grupo de trabajadores mientras que el resto se encontraba afuera.
Se les ha comunicado a la escribana que los trabajadores se encuentran en forma pacífica ocupando (la planta) en defensa de los puestos de trabajo y resguardo de los bienes patrimoniales del establecimiento”, advirtieron en el documento. Los compañeros están al cuidado de los derechos que establece la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, como así también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demás normas del derecho al acceso al trabajo digno y alimento”, agregaron.
En el mismo escrito, los delegados cargaron contra el accionar de la empresa, al que calificaron de ilegal y unilateral”. En este sentido, remarcaron que los 150 despidos fueron ilegales porque los trabajadores no recibieron ni pagos de sueldos adeudados ni indemnización”.
También destacaron que el intento de desalojo se realizó sin orden” de la jueza a cargo de la causa, Marcela Antinucci, en un acto reaccionario y de impunidad absoluto”. Además, reclamaron la presencia del fiscal Tomás Casas para que explique las razones del accionar de la Policía de Córdoba”.
Cabe recordar que los trabajadores de Minetti decidieron ocupar la planta ante la creciente deuda salarial de la empresa. De hecho, ya llevan seis meses sin cobrar. El conflicto comenzó en abril de 2019, pero recién en julio la planta fue ocupada por sus trabajadores. La intención es esperar una respuesta judicial a su reclamo tras la feria de enero.
La magistrada abrió un concurso preventivo de más de 800 acreedores, lo cual supone el inicio de un proceso de salvataje de la empresa. Gómez advirtió además que no reciben ayuda estatal alguna. Los trabajadores apuntan contra la inacción tanto del gobernador Juan Schiaretti, como del presidente Alberto Fernández.
