El protocolo constituye una herramienta de política pública para la implementación homogénea de la ley en todo el país, estableciendo estándares de acceso y calidad para las personas en situación de interrupción del embarazo, tanto en los sistemas públicos de salud, como en las obras sociales y prepagas.
Asimismo, respalda y acompaña el trabajo de aquellos equipos de salud que ya están realizando estas prácticas en el territorio”, explicó. Asimismo, Estévez consideró que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura” hará que pronto las muertes por aborto clandestino sean definitivamente cosa del pasado”.
