Hace seis años se aprobó una ley nacional para indemnizar a unos 10.000 ciudadanos riotercerenses que reclamaban al Estado por presunto daño moral, a raíz de las explosiones en la Fábrica Militar Río Tercero, registradas en noviembre de 1995. Pero de ese grupo aún nadie cobró.
Ahora, Mario Ponce, el abogado que representa a los casi 10.000 damnificados, pedirá a la Justicia Federal que intime al Estado a saldar su deuda. Poco después de sancionada esa normativa nacional, Ponce presentó un amparo para que esa ley sea efectivamente aplicable.
Fue en 2009 cuando Cristina Kirchner visitó Río Tercero en su cargo de presidenta, anunció su intención de reparar los daños que se habían sufrido, según recordó Ponce, este miércoles, en conferencia de prensa. Luego, varias autoridades nacionales hicieron promesas -agregó- de acelerar los desembolsos, pero nunca se efectivizaron.
Se estima que el Estado tendría que pagar unos 300.000 pesos a cada riotercerense que presentó este tipo de demanda, según aseguró el letrado. Hace algo más de un año se había estimado y pre acordado un pago de unos 150.000 por demandante, en bonos del Estado.
Ponce subrayó que pretende que la Justicia Federal emplace al Estado y que si no tome medidas para que la ley se ejecute”. Por daños por la voladura de la Fábrica Militar, el Estado nacional (propietario de esa planta industrial) pagó resarcimientos por vía administrativa entre 1996 y 1999, por daños en propiedades y por lesiones o muertes. El hecho dejó siete víctimas fatales y casi 300 heridos.
Luego, se iniciaron miles de demandas ante la Justicia, reclamando otros resarcimientos. Alrededor de dos mil ya tuvieron sentencia y la mayoría de ellos fueron pagados. Pero una mega demanda por daños morales, iniciada por Ponce, recorrió otro camino. El Estado admitió negociar un acuerdo para evitar la vía judicial, pero aún el trámite sigue abierto.
