En la madrugada del 30 de noviembre del año pasado se aprobó la ley nacional número 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Y aunque en la legislación argentina ya estaba prevista la posibilidad de practicarse el aborto no punible (ILE) desde principios del siglo pasado, la norma actual es considerada por el Ministerio de Salud de la Nación como “uno de los avances más significativos en materia de salud sexual y reproductiva”.
También en Córdoba el balance es altamente positivo según destacó Betiana Olearo Barrera, médica de familia integrante de la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba.
La IVE, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, entró en vigencia en todo el país en enero de este año. Pero a pesar de que las disposiciones de la ley son de orden público, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional sin necesidad de adhesión de las provincias, las autoridades de Salud reconocen que la aplicación es dispar.
En esta jurisdicción, el balance es altamente positivo, según reveló en un informe la periodista Gabriela Weller. Hasta la sanción de la ley 27.610 los Centros de Salud estaban obligados a realizar el acompañamiento de las interrupciones legales del embarazo (ILE), es decir de los embarazos derivados de violaciones o que implicaban un riesgo para la salud de las gestantes.
Sin embargo, de los 100 Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) que existen en Córdoba, sólo 48 garantizaban ese derecho. “Pero a partir de la legalización -señaló Olearo- notamos un avance significativo”. En menos de un año de vigencia de la ley casi el 70% de los centros están resolviendo estos acompañamientos, a los que se suman el Hospital Príncipe de Asturias y también las tres direcciones de Especialidades Médicas del municipio. “La ley ha provocado un avance muy importante también para quienes integramos los equipos de salud; ha implicado preguntarnos cómo veníamos trabajando y repensar cómo cumplimos con las leyes nacionales, con los derechos de las personas”, rescató la mencionada profesional. Para ilustrar esta idea, Olearo cuenta cómo una médica que se declaraba objetora de conciencia cambia de idea con la aprobación de la IVE y actualmente acompaña el proceso de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo.
La profesional remarcó que pese a lo particular que fue el año 2021, aun así se aplicó la ley: “Este paso histórico de nuestro país para garantizar el aborto legal se dio en un contexto muy complicado por la pandemia. Los equipos nos encontramos reestructurando el sistema de salud, con menos personal trabajando por licencias extraordinarias o por contagios, y así y todo se acompañó la decisión de las mujeres. Realmente fue un gran avance, las consultas crecieron un 40%, lo que por un lado tiene que ver con que se está dando más respuesta, pero también con el hecho de que las consultas que se hacían en clandestinidad comienzan a resolverse en los efectores públicos de salud”.
Desequilibrio entre capital e interior
Un dato que llama la atención es que el 48% de las personas que fueron acompañadas en abortos en condiciones seguras no pertenecía al área de trabajo del centro de salud. Y no sólo eso, un altísimo porcentaje provenía de otras ciudades como Los Aromos, Piquillín, Ciudad de América, La Carlota, San José de la Dormida, La Calera, Tanti, Río Primero, Río Segundo, Pilar, Toledo, Malvinas Argentinas, entre otras. Es decir, también en la Provincia sigue existiendo esa disparidad y “uno de los desafíos para el próximo año es garantizar el acceso a la salud en sus localidades y que no se vean obligadas a trasladarse a la capital”, afirma la profesional.
Betiana Olearo, quien además de su trabajo en el sistema municipal de salud es integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, agregó que otro dato que llama la atención es que existe un 14% de consultas efectuadas por personas que tienen obra social. “Es un obstáculo con el que nos encontramos porque evidentemente no se está garantizando la práctica en todas las obras sociales y ese es otro desafío pendiente para seguir avanzando”. Porque la ley lo dice claramente: “El acceso a la IVE/ILE es gratuito en todo el país en hospitales, centros de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga”. Sin embargo, en el caso de la provisión del fármaco que se utiliza para garantizar la práctica de manera segura, el Misoprostol, es el Estado el que provee el 96% de la medicación.
El 80% de las consultas se realizan antes de la novena semana de gestación por lo que la inmensa mayoría se pueden resolver en la Atención Primaria. En el 90% de los casos no se requiere de un segundo nivel, salvo para los casos más avanzados que se encuadran en la ILE y se resuelven en el ámbito hospitalario. Dice la doctora Olearo que “aunque en los hospitales provinciales hay algunas dificultades también se ha avanzado mucho; y en esto tiene que ver el trabajo de más de diez años de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Con un trabajo ya consolidado, a veces los acompañamientos se resuelven vía Red porque todavía es necesario terminar de institucionalizar este derecho, seguir capacitando a los equipos en el conocimiento de la Ley y en el indispensable trato respetuoso, acompañamiento cariñoso, con enfoque de derechos e información científica, evitando las dilaciones, etc.”
La anticoncepción, una asignatura pendiente
De la sistematización de datos que vienen construyendo desde hace diez años en el ámbito municipal, llama la atención un dato que no se modifica en cuanto al uso de la anticoncepción. “Nos encontramos con un 45% de personas que no usaban ningún anticonceptivo y un 28% estaba usando preservativo. Es decir, más del 70% no usa o usa mal los métodos anticonceptivos y esto resulta muy preocupante y revela que todavía falta información, que es indispensable terminar de implementar por completo la ESI (Ley de Educación Sexual Integral) en el ámbito educativo y contar con provisión continua y con una canasta completa de métodos anticonceptivos”, dice la médica y agrega: ”la verdad es que han sido difíciles estos dos años de pandemia, hemos tenido provisión discontinua de anticonceptivos inyectables, de pastillas, implantes. Ese es otro desafío, que tiene que ver tanto con la educación como con poder brindar los insumos”.
Como contrapartida, algo que refuerza los argumentos a favor de la ley durante el debate parlamentario, en los equipos de salud se advierte una muy buena respuesta en la consulta posterior. “Una vez que se ha resuelto la IVE o la ILE, precisó Olearo, el 80% de las personas regresan a la consulta y se van con un método anticonceptivo. Este es un indicador muy positivo, tal como lo veníamos diciendo antes de que se aprobara la ley, porque en los países que tienen legalizado el aborto se mejora la cobertura del programa de salud sexual. Las personas no quieren volver a pasar por esa situación, se informan y eligen un método anticonceptivo seguro, sobre todo aquellos de larga duración como el DIU o el implante, que están disponibles en los dispensarios. Ese indicador sí ha mejorado mucho”.
Los desafíos pendientes
En síntesis, es evidente que sólo con la aprobación de la Ley no alcanza y que los principales desafíos tienen que ver con la información y con la capacitación de los y las profesionales de la salud. Aunque en Córdoba el balance es muy positivo, Olearo Barrera afirmó que “es necesario seguir capacitando a los equipos. A veces sumar más profesionales no implica avanzar en la calidad de la atención, con perspectiva de derechos, con integralidad, con trato digno y respetuoso, con todo lo que tiene que ver con la ley de derechos del paciente y con las normativas de salud sexual. Creemos también que es indispensable garantizar la continuidad de los insumos, tanto del Misoprostol como de los diferentes métodos anticonceptivos, que tienen que llegar a todas las localidades de la Provincia”.
