El Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado aclarando que, bajo la legislación vigente, Uber no tiene la autorización necesaria para ofrecer sus servicios en la ciudad de Córdoba.
El dictamen, respaldado por el Fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro, destaca que el servicio de autos de alquiler con chofer ya está sujeto a regulaciones y marcos legales municipales específicos en la ciudad, los cuales Uber no cumple.
El comunicado expone que, en caso de que el Estado Municipal considere la opción de clasificar la actividad de Uber como privada de interés público a través de una ordenanza, podrían intervenir para regular aspectos relacionados con la higiene, salubridad, calidad, seguridad o idoneidad, como en cualquier otra actividad privada.
Sin embargo, subraya que esta decisión recae en la oportunidad, mérito y conveniencia de la Administración, fuera del control judicial.
El dictamen surge en el contexto de un proceso judicial iniciado por la Municipalidad de Córdoba contra Uber, buscando prohibir la operatividad de la aplicación y su uso para la contratación de viajes en la ciudad. Se menciona una medida cautelar y un Auto complementario que ordena a la Municipalidad adoptar medidas para regularizar la situación del servicio de Uber.
La Cámara interviniente, ante la segunda resolución, identifica una omisión legislativa o reglamentaria en la implementación de la Ordenanza Nro. 12.859 en relación con los servicios de transporte de autos con chofer. En este marco, se otorgó a la Municipalidad de Córdoba un plazo de 30 días hábiles judiciales para abordar esta omisión.
En respuesta, la Municipalidad interpuso un recurso de apelación contra la resolución cautelar. Sin embargo, el MPF argumenta que la Municipalidad ya ha establecido un marco regulatorio con la Ordenanza Nro. 12.859, que detalla modalidades específicas para el servicio de autos de alquiler con chofer en la ciudad.
Adicionalmente, el Ministerio Público destacó la Ordenanza Nro. 13.994, promulgada en octubre de 2023, que impone sanciones económicas a conductores que transporten pasajeros a través de aplicaciones no habilitadas, como en el caso de Uber.
Es así como el MPF sostiene que la Municipalidad de Córdoba ya ha regulado la actividad de transporte con autos, tanto públicos como privados, lo que invalida la intervención judicial para reglamentar una actividad ya regulada.
