Familiares de detenidos en el servicio penitenciario cordobés, militantes y organizaciones sociales llevaron a cabo una manifestación el jueves pasado frente a Tribunales II de nuestra ciudad, en reclamo por las condiciones en las cárceles de la provincia, como así también por el acceso a la salud, educación y trabajo de los reclusos. La protesta se dio en el marco de las reiteradas muertes que se registran en los complejos carcelarios provinciales, que este año ya suman ocho.
Adriana Revol, militante por los Derechos Humanos y estudiosa de la temática, habló con HOY DÍA CÓRDOBA y responsabilizó al Servicio Penitenciario provincial por los decesos, a la vez que consideró que la falta de acceso a los servicios de salud en tiempo y forma, en un lugar en donde el Estado es el único que tutela las vidas de las personas, representa una “pena de muerte” encubierta.
Al respecto, Revol comentó el caso de Alexis Barrera (25), alojado en la cárcel de Bouwer, quien, tras reiterados pedidos de atención, falleció el 6 de abril por peritonitis, y el de Adrián Ariel Aballay (48), quien, según relató su compañero de celda en un testimonio recogido por el periodista Franco Gerarduzzi, murió en la cárcel de Villa María a las cinco de la mañana y recién fue asistido alrededor de las 7.30.
También está el caso de Eva Molina (49), quien sufrió un ACV, fue medicada por un ataque de hígado y solo pudo ser asistida en un hospital -donde falleció el 30 de abril-, luego de la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, según indicó Revol. Otros casos tienen que ver con suicidios, como el de Celeste Rodríguez (falleció el 2 de abril a los 30 años en Bouwer), Alejandro Maza (falleció el 24 de abril a los 50 años en Cruz del Eje) donde se vislumbra, al menos, un déficit en la atención de la salud mental para prevenir estas situa-ciones.
“Muere por una falta de asistencia médica como sucede con la mayoría de las muertes”, afirmó la referente. Y agregó: “Por eso pedimos que también la salud no dependa del Ministerio de Justicia, sino que dependa del Minis-terio de Salud, que no dependa del servicio penitenciario”.
Revol también indicó que el jueves pasado se entrevistaron con los jueces de Ejecución de penas, encargados de controlar el cumplimiento del régimen penitenciario. Ante ellos, los representantes de las organizaciones y familiares reclamaron por el acceso a la salud, la educación para la reinserción social y el trabajo de los presos.
No obstante, Revol aseguró que no obtuvieron una respuesta satisfactoria por parte de los magistrados. “Nos encontramos con unos jueces de ejecución sumamente negacionistas, que no se hacían cargo de nada, que a ellos no les corresponde, que no les correspondía nada de nada y que todo le correspondía al Ejecutivo, que le teníamos que reclamar a ellos”, sostuvo.
Denuncias por casos de torturas
Otro de los reclamos centrales al Servicio Penitenciario que destacó Revol tiene que ver con las denuncias por torturas y asesinatos de presos.
Uno de los casos que más dudas sembró en el último tiempo fue el de Bruno Llanos, quien permanecía en aislamiento dentro de la cárcel por haber formado parte de un conflicto en su pabellón y falleció el 4 de abril pasado en la cárcel de Cruz del Eje.
Al respectó, su hermano Sergio aseguró a este diario que a su hermano “lo mataron”. “Yo les puedo decir que recibí un llamado de mi hermano a las 10 de la noche y al otro día a las 6 de la mañana me llaman que mi hermano falleció y mi hermano era una persona que siempre estuvo bien, nunca sufrió del corazón, porque ellos dijeron que fue una muerte emocional”.
“Antes de que lo maten a golpes, mi hermano le mordió el dedo a un guardia cárcel. Creo que le sacó el dedo, la primera franja de un dedo, al guardia cárcel”, denunció.
