El fiscal federal Maximiliano Hairabedian acusó a Oscar González, ex presidente provisorio de la Legislatura provincial y dirigente de peso del PJ cordobés, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Por esos cargos, Hairabedian solicitó que el dirigente sea detenido.
Si bien la formulación fue efectuada en diciembre último, el juez federal que deberá resolver, Miguel Hugo Vaca Narvaja, recién lo hará la semana que viene, tras el receso por la feria de enero.
La causa es una derivación de otra, que llevó a juicio a González: el siniestro vial que dejó con graves lesiones a una adolescente y la muerte de una docente, ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres el 29 octubre de 2022.
La causa en la que Hairabedian pidió la detención surgió a partir de investigaciones paralelas al choque, impulsadas por una denuncia de la legisladora provincial del Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, quien acompaña a las familias de las víctimas del choque.
En ese marco, el fiscal comenzó a investigar el patrimonio de González -quien también llegó a ser ministro de Salud provincial- y se topó con una importante cantidad de inmuebles. Ante esto, libró un oficio a la fiscalía de Estado para que González explicara el origen, pero el ahora ex legislador se negó a dar alguna respuesta.
Los bienes de González
En agosto de 2023, el juez de Control de la causa por el accidente en Altas Cumbres, José María Estigarrivia, dispuso el embargo de dos inmuebles propiedad del otrora poderoso dirigente del peronismo cordobés. En los fundamentos de su resolución, el magistrado había calificado de “irrisorio” el valor de mercado que González le asignó a cada inmueble en su declaración jurada ante la Legislatura y develó que el imputado tenía seis inmuebles más de los 11 que declaró al asumir como legislador, allá por febrero de 2020.
En el caso del embargo, el juez dispuso que pesara sobre dos inmuebles de González: un departamento ubicado en Poeta Lugones 370, frente al Parque Sarmiento, y una casa en Hormaeche 331, en Villa Dolores. Con ambos inmuebles, el juez dijo que se cubrirían unos 22 millones de pesos, para el supuesto caso que finalmente González sea encontrado responsable del siniestro y las consecuencias que de éste derivaron.
La defensa de González sostiene que éste no es responsable de culpa o dolo, por lo que esta medida patrimonial no tenía vinculación con la causa del “accidente”. En ese sentido, remarcaron que el vehículo que conducía González contaba con seguro, por lo que una hipotética indemnización surgiría de la caución, no del patrimonio del por ahora imputado.
Transferencias sugestivas a sus hijos
Tres meses después del siniestro vial que se cobró la vida de la docente Alejandra Bengoa y dejó a dos adolescentes con graves lesiones, González transfirió dos de sus propiedades a sus tres hijos. El 8 de febrero de 2023, mediante una operación notarial, el ex funcionario puso a nombre de Oscar Martín González, Diego Raúl González y Ana Carolina González un departamento en Nueva Córdoba y una casa en Villa Dolores.
Estas dos propiedades son precisamente las que el juez Estigarribia ordenó embargar por 22 millones de pesos, como parte de la demanda civil por 122 millones de pesos presentada por las víctimas del siniestro. Sin embargo, la transferencia de los inmuebles complica el proceso de ejecución de la medida judicial.
La fortuna y los montos “irrisorios”
Al analizar qué inmuebles embargar para proteger una eventual indemnización a las víctimas, el juez de Control apuntó que no era “menos cierto que el monto asignado (por González en su declaración jurada) a cada bien resulta evidentemente irrisorio”.
El magistrado lo plasmó así en la resolución: «Esto así, porque una casa habitación en un importante barrio de la ciudad de Córdoba, en Arquitecto Carlos Thays N° 83, es tasada en $ 924.000; departamentos en importantes zonas de la Capital se valúan en $ 35.000 (Poeta Lugones 370 y Chacabuco 744), $ 400.000 y $ 650.000 (Ituzaingo 494), $ 800.000 (Poeta Lugones 356); una cochera en pleno Centro, en $ 20.000 (Chacabuco 775); una casa ubicada en la ciudad de Villa Dolores, $ 50.000 (Hormaeche 331); el 50% de un lote en la misma localidad, en cinco centavos; un lote en la localidad de San Javier, $ 5.000; y una casa en el mismo lugar, $ 398.000; y el 50% de un lote en Yacanto, $ 40.000”.
Lo que declaró
Al revisar esos valores de mercado declarados por González en febrero de 2020, el juez concluyó: «Desde la óptica de una persona común con conocimientos mínimos de mercado se advierte sin mayor esfuerzo que los bienes descriptos conforman un patrimonio de importancia tal que supera largamente la cifra de 4 millones de pesos y me atrevo a decir que el monto indemnizatorio pretendido” por las presuntas víctimas, que asciende a 122 millones de pesos.
El juez Estigarrivia hundió el bisturí en la resolución y dejó asentado que en una revisión en los registros públicos fueron identificados 17 inmuebles a nombre de González, es decir seis más de los que estaban individualizados en la declaración patrimonial como funcionario; inmuebles a los que se suman un Audi Quattro y 92.158 dólares. Estos dos últimos ítems, sí están consignados en la declaración patrimonial.
“Mal puede sostenerse que el patrimonio del demandado no puede resultar suficiente para garantizar el futuro monto indemnizatorio (…) sino que hace presumir todo lo contrario”, dijo el juez Estigarrivia.
Al sostener el embargo, Estigarrivia agregó: «No hay dudas de la verosimilitud (…) del inconmensurable daño producido por el siniestro en las adolescentes afectadas, ni tampoco lo podría haber en cuanto al luctuoso final de la madre de una de ellas (…). A su vez, nada puede asegurar la solvencia del demandado al momento de dictarse una eventual sentencia favorable a las pretensiones de las víctimas. No puede dejarse de lado que en el caso concreto la responsabilidad de (González) en dicho evento se presenta como una probabilidad».
Echevarría: «Es una buena noticia»
La legisladora del FIT – Unidad, Luciana Echevarría, brindó detalles de la denuncia que presentó contra Oscar González y del tiempo que tardó en avanzar. Uno de estos es su declaración jurada, un documento que todos los funcionarios presentan y que en el caso de González los valores puestos a sus bienes “eran irrisorios, una burla. Solo lo podría haber presentado alguien que se cree muy impune”, aseguró la parlamentaria. “Ahora finalmente nos encontramos con la imputación y el pedido de detención. Es una buena noticia siempre y cuando se concrete”, expresó Echevarría.
