La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó ayer los procesamientos de los históricos dirigentes del Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, por presunto lavado y ordenó al juez de la causa, Alejandro Sánchez Freytes, que corra “urgente” las vistas a las partes para la final elevación a juicio y su “juzgamiento integral” con el expediente principal que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 (TOF1) había suspendido la semana pasada.
El TOF1 había postergado –por mayoría– el juicio hasta tanto se completara la investigación por el tramo del lavado de activos (lo que ahora se confirmó), ya que se separaron los hechos. También había rechazado el pedido de los sindicalistas de evitar el debate a cambio del pago de US$ 750.000 para reparar el daño con las supuestas maniobras de usura montadas desde la estructura del gremio y la mutual.
En medio de la repercusión de la decisión del TOF1 y la nueva causa contra el Surrbac por presuntas amenazas y extorsión a empleados, la Sala B de la Cámara (integrada por Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi) confirmó los procesamientos de Mauricio, Darío y Juan Carlos Saillén (p), Pascual y Agustín Catrambone, Adriana Cecilia Oviedo, Héctor Gabriel Blanes y Juan Carlos Delgado como coautores de lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de personas de existencia ideal.
En el voto principal, el camarista Sánchez Torres rechazó los planteos defensivos ya que solo son “meros intentos” de colocar a los imputados en una mejor posición procesal. “Habrían recibido fondos provenientes de ilícitos para aplicarlos a la adquisición de vehículos e inmuebles, de modo de dotarlos de apariencia lícita”, advirtió, con las adhesiones de los demás vocales.
En la resolución, también ordenaron a Sánchez Freytes que corra vista “con carácter de urgente” al fiscal N° 1, Enrique Senestrari, y la Unidad de Información Financiera (UIF) para que soliciten al juez la elevación a juicio atento la suspensión del debate principal (pospuesto por el TOF1) y “la trascendencia del presente proceso”.
“Debo señalar que resultan innegables los beneficios del juzgamiento integral de las conductas investigadas, aun cuando los tribunales orales suelen no observar esto en algunos casos”, dijo Sánchez Torres en referencia a la decisión del TOF1.
El tramo del lavado
Las sospechas por lavado se dispararon por una denuncia anónima contra Daniel Ayerbe, como presunto testaferro de los gremialistas. Ayerbe aparecía como integrante de la Comisión Directiva del Surrbac, secretario de Relaciones Institucionales de la mutual y secretario de Cormecor.
De acuerdo con la acusación del fiscal Enrique Senestrari, entre 2012 y 2019, Saillén (p) y Catrambone (p) habrían lavado al menos parte del dinero proveniente de la asociación ilícita mediante la compraventa de lotes y/o inmuebles, para lo cual habrían utilizado testaferros. También habrían adquirido los bienes a través de desarrollistas y fideicomisos para permanecer afuera de los registros oficiales.
Tanto los hijos como familiares de ambos habrían sido sus testaferros: Franco y Juan Carlos Saillén, Agustín Catrambrone y Oviedo. Pero también allegados y/o amigos, como Blanes, Ayerbe y Delgado.
De esta forma, habrían introducido al circuito económico legal numerosos bienes por sumas millonarias al valor de aquellos años. En la nómina figuran dos lotes en Las Corzuelas, de Mendiolaza (a nombre de Juan y Franco S.); dos inmuebles en Casonas de Manantiales (a nombre de Agustín C.); y cuatro bienes, uno en Fincas del Sur II, dos en Casonas del Sur II y otro en Altos de Manantiales (a nombre de Blanes).
En la lista además emergió otro bien a nombre de María Motrán (la fallecida madre de Pascual C.) en Fincas del Sur II; otros cuatro (uno en Fincas, dos en Altos de Manantiales y un cuarto en Casonas del Sur II, pero a nombre del sindicalista). Su ex Oviedo figura como dueña de un departamento.
Asimismo, los líderes del Surrbac habrían contado con “la ayuda imprescindible” de Ayerbe y Delgado (entonces tesorero del sindicato y apoderado de la obra social), quienes habrían actuado como prestanombres de bienes. Así, habrían adquirido una hectárea (a nombre de Ayerbe) y el complejo Faro il Bolo Sierras Apart (a nombre de Delgado), ambos en Cura Brochero.
Pero no sólo aparecen propiedades o lotes sino también decenas de vehículos lujosos. Cinco de ellos figuran a nombre de Ayerbe: un BMW X3, un Mercedes-Benz C250; un Kia Sorento EX; una Volkswagen Amarok DC; y una Fiat Nueva Fiorino.
Saillén-Catrambone habrían utilizado además a Darío y Juan Saillén, la ex de Saillén (p), Monjes, Blanes y Delgado para lavar más millones aún con la compras de un departamento y una cochera en Casonas del Sur II (Blanes); otro inmueble (Pascual C.); y un bien en Santa Isabel (Delgado).
No solo es sugestiva la flota de autos y camionetas valuadas en cifras millonarias, también el tipo de marcas de primera línea y modelos: desde el Mercedes-Benz 4Matic, la Amarok TDI 4×4 y el BMW M2 de Pascual C., a otra Amarok igual y la RAM Laramie 4×4 de Mauricio S. De forma más “modesta” aparecen un Peugeot 207 GTI (Juan Saillén) y Beetle TSI (Monjes).
En el procesamiento se precisó que Pascual C. adquirió en 2017 un Mercedes-Benz A45 en efectivo y cheques librados por la mutual. Catrambone realizó una declaración jurada y, a la vez, manifestó ejercer de director obrero de la empresa de recolección de residuos, pero no ser persona políticamente expuesta. Para el juez, ello es “contradictorio toda vez que era un funcionario público a cargo de una sociedad con participación estatal”.
Catrambone envió a su apoderado Mauricio Boñanni a retirar el auto. Boñanni había constituido con Agustín C. Higse SA, dedicada a la provisión de insumos de higiene a Crese. El apodero fue también empleado en forma alternada de Crese, Cotreco, el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop) y Lusa, todos entes públicos y privados involucrados en el servicio de recolección.
Saillén y Catrambone habrían introducido al circuito económico legal de forma habitual y continuada (dándole apariencia de licitud) $ 134,8 millones de entonces oficiales ($ 63 millones por los bienes del primer procesamiento por lavado y $ 71,3 millones por los nuevos hechos), sin actualización a valores actuales y sin el precio real de mercado.
La cifra de $ 134,8 millones “continúa siendo exorbitante” para “dos personas en relación de dependencia con sus respectivos salarios”, dijo el juez sobre los principales imputados.
Sobre Franco S. puntualizó que, si bien para la Afip habría justificado la totalidad de los incrementos patrimoniales por su capacidad económica, no tuvo en cuenta que el monto del lote en Las Corzuelas de $ 720 mil no se condice con la realidad, ya que se sospecha que costó $ 1,8 millones.
A eso se suma que era “imposible”, según el juez, que hubiera trabajado en simultáneo en varias empresas vinculadas a la recolección, aunque sí habría cobrado todos los salarios. Cuando el lote donde se levantaba la casa, detectaron a tres obreros que habrían ido trabajadores de recolección. Para el juez, el hijo de Saillén “habría utilizado en beneficio personal mano de obra de empleados de recolección que, por el horario, debían estar prestando funciones” en sus puestos.
Su hermano Juan Carlos registraba a su nombre un lote en La Corzuela (valuado en $ 1,8 millones) y un 207. En su cuenta aparecieron acreditaciones de Cotreco, Esyop, Grupo Cotreco y Crese. Pero la Afip descubrió que una importante porción de los depósitos no pudo justificarla, con lo que habría sido un testaferro.
El caso de Darío S. es singular: no aparece como el titular del 100% de una RAM sino solo del 50% (lo que puede justificar), porque la otra mitad “pertenecería” a un empleado de Esyop, vecino de Saillén (p).
Una situación similar a la de Franco S. se planteó respecto a Agustín C. Según el magistrado habría sido “imposible” que hubiera trabajado en varias firmas a la vez, aunque habría cobrado los salarios. Levantó sospechas que en un período de seis años (desde los 18 años en adelante) hubiera acumulado cinco vehículos, tres inmuebles y creado tres compañías.
La ex esposa de Pascual C., Oviedo, aparecía como dueña de un departamento aunque su capacidad económica habría sido insuficiente. A su vez, la ex de Saillén, Monjes, figuraba como propietaria de un Beetle sin capacidad suficiente para justificarlo. Sin embargo, el juez la sobreseyó porque el hecho prescribió.
La “excepcional e inusual renta” gracias a la colocación de fondos en la Amsurrbac”, según la Afip, le habría permitido a Blanes (amigo de Pascual) adquirir bienes. La mayoría no contaban con matrícula, lo que permitía permanecer al margen de los registros oficiales. Pero Blanes no estaba habilitado para para suscribir contratos de mutuo con la mutual.
Otro procesado que habría oficiado de testaferro es Ayerbe, entonces secretario de Relaciones Institucionales del Surrbac. Aun tiene a su nombre costosos vehículos y una fracción de terreno en Cura Brochero que habría pagado a $ 11.200 en 2014. Para el juez el monto no encuentra relación con la valuación real ni por su dimensión ni por su ubicación.
Sobre el terreno fue emplazado el Castillo Euzkadi, un fastuoso multiespacio que emula una antiquísima fortificación del Medioevo, donde han tocado famosos cuarteteros. “No se explica cómo, con los montos que percibía en concepto de haberes por su supuesta actividad laboral lícita, pudo afrontar la exorbitante suma para adquirir el inmueble y los vehículos”, advirtió el juez. “El valor de los bienes excedería con creces la capacidad económica que tenía. Y continuó adquiriendo vehículos”, aseguró.
Aunque habría figurado como empleado de Coys, Esyop, Cormecor y el Surrbac, no habría desempeñado físicamente esas actividades. Además de las incompatibilidades entre los supuestos roles, el juez resaltó que por la pandemia no habría viajado a trabajar desde su residencia, en Cura Brochero, a Córdoba.
E insólitamente tampoco habría estado en su supuesto horario laboral, ya que uno de los días la geolocalización de su celular lo registró deambulando por diversos sectores de la Capital. “Sus nombramientos podrían ser formales con la finalidad de justificar ingresos e incrementarlos”, le apuntó el juez.
El supuesto “ñoqui” en 2019 solo habría asistido a Cormecor 13 de 22 días, solo casi tres horas por jornada. En un allanamiento, le secuestraron $ 1,5 millones y U$S 7.500.
Por su parte, Delgado aparece como dueño de Faro il Bolo Sierras Apart, en Cura Brochero y de otro inmueble en Córdoba, aunque solo sería otro prestanombre. El lujoso complejo serrano tiene una suerte de faro con balcones que desentona con el paisaje.
Como firmante de cheques del Surrbac, Delgado habría permitido a Saillén-Catrambone que desviaran cheques endosándolos pero que los habrían como beneficiarios tanto a ellos como a allegados. De la cuenta bancaria del gremio salieron $ 30 millones que Delgado no habría podido justificar.
La gran mayoría de los cheques no supera los $ 50 mil, límite para poder cobrar cheques por ventanilla sin la obligación de depositarlos. De esta manera, el “pitufeo bancario” o fraccionamientos de altos montos en pequeños habría consistido en darle liquidez a la mutual, evitando la trazabilidad de los fondos.
Los cobradores habrían extraído el dinero para llevarlo a la mutual y así entregar préstamos usureros a afiliados.
