En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer el balance y las acciones desde la entrada en vigor la Ley 26.364, la que permitió condenar desde 2008 a 1.043 personas.
Hace 17 años se promulgó dicha ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Desde aquel momento y tras la declaración en 2013 de dicha fecha por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el organismo renueva el imperativo de proteger a las personas víctimas y sancionar a quienes lucran con su explotación”.
De acuerdo a los datos que relevó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, desde 2008 se registraron 542 sentencias en el fuero federal y ocho acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 1.043 personas por hechos que perjudicaron a 2.560 víctimas.
Se estableció que, del total de los condenados, el 77,8% son argentinos y en su mayoría, varones: 64,2%. En cuanto a las víctimas, el 79% son mujeres, un 20,5% varones y un 0,5% personas trans.
De las 542 condenas, el 66% fue por el delito de explotación sexual y el 33,6% por explotación laboral, mientras que el 0,4% restante fue por otras finalidades.
Un dato que se sumó a este balance es que, en el último año, entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025, se registraron 10 sentencias condenatorias y tres acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 22 personas por crímenes contra 82 víctimas.
“La detección temprana y la investigación son pilares fundamentales. Así, se iniciaron en PROTEX más de 3.700 investigaciones preliminares y, en el marco de la co- administración de la línea 145, se recibieron más de 19.208 denuncias, 2.415 solo durante el último año”, informaron.
Las autoridades de la PROTEX destacan que esos números “reflejan tanto el compromiso como los desafíos persistentes para profundizar en la investigación de este delito, y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas damnificadas”.
Acerca de las acciones llevadas a cabo, explicaron que se participa activamente de las iniciativas, proyectos y planes bienales llevados adelante por el Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, que “coordina el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas”.
A nivel nacional, las autoridades señalan la “relevancia de una correcta identificación de víctimas vulnerables por su condición de discapacidad y la adecuada calificación legal de esos casos”.
En los últimos años, se intensificaron los esfuerzos para “identificar y procesar casos con especiales modalidades de explotación tales como organizaciones coercitivas, agencias dedicadas a la subrogación de vientres, y explotación de personas a través de medios virtuales, entre otras”.
