La Secretaria de Trabajo de la Nación dictó hoy la conciliación obligatoria en el conflicto de la industria aceitera que mantiene paralizada la actividad desde el martes de la semana pasada.
El cese de la actividad impacta en el comercio exterior, afecta a más de 10.000 camiones que se encuentran varados en cercanías de los principales puertos de exportación, con una pérdida de unos 10 millones de dólares por día, según informaron fuentes empresarias.
Ahora, la Secretaría que dirige Julio Cordero exhortó a las partes en conflicto a través de una resolución, «a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias».
El cese de actividades en el gremio de aceiteros comenzó el martes de la semana pasada y las cámaras empresariales rechazaron el reclamo alegando que los trabajadores recibieron un aumento salarial del 77% y cuentan con un ofrecimiento para llegar al 94% en septiembre.
El secretario general del Sindicato Aceitero de Bahía Blanca- Daireaux, Diego Márquez, sostuvo que «las empresas hacen declaraciones mediáticas sobre sus ganas de dialogar, pero no presentan una propuesta nueva» y consideró que «están detrás de una devaluación o cambios en las retenciones y nos tienen de rehenes».
«Cuando las empresas de este tipo están detrás de algún beneficio para ellos, generan estas situaciones. Están tratando de buscar un dólar diferenciado y nosotros quedamos de rehenes. Ellos dicen que pierden 50 millones de dólares por día por la huelga, pero lo que pedimos como actualización del salario representa 3 millones de dólares mensuales», indicó Márquez en declaraciones radiales.
La medida de fuerza comenzó el martes de la semana pasada, luego de un mes de negociaciones para actualizar el salario aceitero.
Para el gremio, las cámaras empresaria como CIARA, CIAVEC y CARBIO, «solo dieron respuestas provocadoras» durante esa negociación, por lo que las organizaciones sindicales decidieron iniciar una huelga nacional.
«Nosotros pedimos un Salario Mínimo Vital y Móvil que nos permita poder alimentarnos bien, comprar la ropa que nos guste, comprar medicamentos cuando nos enfermamos, arreglar la casa donde vivimos o poder elegir dónde vamos de vacaciones después de trabajar todo un año. Eso es lo que reclamamos, tener un salario digno. Eso es lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución nacional», explicó Márquez.
