Se llevó a cabo ayer en la sede de la Cámara Federal de Córdoba una audiencia entre representantes del Estado nacional y el abogado Mario Ponce, patrocinante de unos 8.000 ciudadanos de Río Tercero que reclaman una indemnización por daño moral por lo sufrido hace casi 29 años en el atentado de la Fábrica Militar, que en 1995 dejó un saldo de siete muertos, heridos graves y cuantiosas pérdidas materiales.
Sobre el particular, Ponce anticipó que el gobierno nacional manifestó que “pagará la deuda en pesos”. Detalló que pretenden saldar lo adeudado mediante el decreto nacional que se rubricó en la gestión nacional pasada, para cumplir con la ley sancionada en 2015 pero que nunca fue acatada por los sucesivos gobiernos nacionales.
Aparece de todos modos un nuevo punto de desencuentro respecto al importe a pagar. La fórmula establecía que el cálculo debía hacerse respecto al valor de unos módulos cuyo importe en noviembre pasado era de 8.000 pesos. Ese monto debía aplicarse a una fórmula que terminaba actualizada para cada damnificado. La cifra se acercaba a unos cuatro millones de pesos por persona. Por el contrario, Ponce entendió que legalmente se debe calcular al valor actual de ese módulo que es de 27.000 pesos.
Sin dudas, la cifra a pagar en ese caso pasa a incrementarse considerablemente. Por ello, es que definieron que en agosto habrá una nueva audiencia para definir cómo se soluciona el conflicto. Aún la Cámara no ha notificado la fecha de esa audiencia. De ese modo, el trámite sigue abierto, reveló el diario La Voz del Interior.
En la víspera, un grupo de damnificados del grupo que patrocina Ponce protestó frente a la Cámara Federal de Córdoba. Desde ese tribunal partió una resolución que ordenó que el Estado nacional y Ponce, representante de los 8.000 damnificados por presunto daño moral, se pusieran de acuerdo en el pago. Esa resolución fue firmada por el presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres. La Cámara había expuesto que lleguen a esta instancia “en todos los casos con mandato suficiente para poder conciliar, ordenando asimismo la suspensión del trámite de todas las causas que se encuentren en apelación en situación análoga a la planteada”.
Otro juez federal –el de Río Cuarto, Carlos Ochoa– ya había ordenado el pago que preveía una ley nacional aprobada. Hasta establecía que por cada día que el Estado no pagara se iba a cobrar una multa en beneficio de cada damnificado demandante. Nada de eso hasta ahora se efectivizó.
La ley sancionada en 2015 establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge -según Ponce- la cifra final hoy estimada en $ 4 millones por damnificado. La cifra alcanzaría en total a unos 24.000 millones de pesos.
Luego se rubricó un decreto nacional que dejó sin efecto esa ley, derogando los principales artículos. Por los daños de las explosiones del 3 de noviembre de 1995, el Estado realizó pagos por vía administrativa entre 1996 y 1999 por unos 86 millones de dólares. Luego, se iniciaron miles de juicios de quienes no habían cobrado o de quienes cuestionaron lo percibido. Por sentencias judiciales, en la última década muchos de esos juicios fueron cobrados por los reclamantes.
Sin embargo, quedaron otros pendientes. Sobre todo, una mega demanda con miles de personas representadas por Ponce, que reclamaron por daño moral y/o psicológico y para las que el Estado, en 2015, promovió una ley para acordar un resarcimiento extraoficial que evite el juicio.
