En una decisión que marca un hito en la protección de los derechos de las mujeres, el juez Enrique Alonso Requeira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, ha ordenado al Estado Nacional frenar los despidos en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
La medida cautelar fue concedida a raíz de una presentación realizada por un conjunto de destacadas organizaciones civiles, entre las que se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El juez Requeira argumentó su decisión basándose en la falta de garantías por parte del Estado Nacional para asegurar la prestación mínima obligatoria en materia de protección a las mujeres, tal como lo establece la Ley de Protección Integral de las Mujeres.
Además, el magistrado señaló que las autoridades no han proporcionado información detallada sobre la reorganización que se está llevando a cabo en estas áreas clave, ni han demostrado cómo esta reestructuración permitiría cumplir con el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Esta victoria judicial obliga al Ejecutivo a abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional destinada a la labor de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia.
Asimismo, el fallo judicial exige al Estado mantener la producción y publicación de estadísticas y evidencias sobre la situación de la violencia de género en el país, una tarea fundamental que estaba a cargo de los organismos afectados.
