Las distintas miradas sobre la Ley de Alquileres solo coinciden en un punto: las actualizaciones anuales firmadas bajo la nueva normativa juegan a favor a los inquilinos. Sin embargo, esto viene acompañado de efectos no menores sobre el mercado inmobiliario que intenta acomodarse a la situación aplicando ajustes en los precios de ingreso para recomponer su rentabilidad y el pase de inmuebles en alquiler a la venta.
El principal punto de discordia de la ley 27.551 gira en torno a la actualización anual de los montos a abonar. Con la normativa anterior, los períodos de actualización de los contratos eran fijados en los contratos y no por la ley.
“En un país con una inflación de casi el 100%, venimos con una actualización que viene muy por debajo del valor de mercado”, indicó a HOY DÍA CÓRDOBA Alejandro Hadrowa, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI). “¿Es mucho? Sí, es un montón. Pero si lo comparás con un precio que vos venís esperando tres años para poder ajustarlo, (no es tanto). Justamente acá en Córdoba lo podemos ver en contratos de Nueva Córdoba que arrancaron saliendo de la pandemia en $16.000, $18.000, $20.000, que ajustaron un 40% (el año pasado) y hoy ese mismo departamento, si lo tenés que alquilar está a $ 70.000, $ 80.000, $ 90.000”, ejemplificó.
En tanto, desde Inquilinos Córdoba destacaron que, si bien pagar un incremento del 81,4% interanual -es la actualización que corresponde al 1º de enero de 2023- no es motivo de festejo, si se lo compara con la inflación acumulada de 92%, la actualización anual sí representa una ventaja para quienes alquilan. Esto, teniendo en cuenta que el año pasado los trabajadores registrados recibieron más de una actualización salarial para equiparar la inflación.
Con respecto a la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL), parece haber acuerdo. Hadrowa aclaró que “toda la vida los contratos de alquiler venían corriendo por detrás de la inflación”, aunque los montos se establecían por contrato. “Si le permitís a la misma ley un pacto libre con el mismo índice, pero que se actualice cuando se pongan de acuerdo las partes, creemos que es mucho más productivo”, consideró presidente del CPI.
Por otra parte, Hadrowa aseguró que, por la baja rentabilidad, desde la aplicación de la nueva Ley de Alquileres hasta hoy, alrededor del 30% de las viviendas destinadas al alquiler en Córdoba se pusieron a la venta o pasaron a la modalidad de alquiler temporario. Este achicamiento en la oferta de arrendamientos conllevó una suba de precios en barrios como Nueva Córdoba.
Desde Inquilinos Agrupados Córdoba, Miguel Pavlovsky dijo a este diario que “no es cierto” que la reforma “haya empeorado la situación”, sino que la ley estableció “el primer paso para darles a los inquilinos un poco de seguridad”. “A partir de la Ley de Alquileres se comenzó a hablar también sobre otros temas, como la regulación del precio inicial, legislar sobre las viviendas ociosas y reglamentar el alquiler social”, agregó.
Disputa por el pago de los honorarios a los inmobiliarios
Mientras se espera una resolución por parte del Congreso Nacional sobre la Ley de Alquileres, aparecen nuevas cuestiones asociadas a los contratos.
El mes pasado, por ejemplo, Córdoba eliminó el pago de impuesto a los sellos en los alquileres urbanos destinados para viviendas.
Si bien la ley establecía el pago del mismo en partes iguales entre el propietario y el inquilino, en realidad la responsabilidad siempre recaía sobre este último.
Por otra parte, desde Inquilinos Córdoba también apoyan una iniciativa para que sea el propietario quien abone los honorarios del corredor inmobiliario, ya que, según sostienen, quien contrata al corredor inmobiliario no es el inquilino, sino el propietario.
No obstante, desde el CPI, Hadrowa advirtió que esta medida, en un contexto de mínima rentabilidad y retracción del mercado de alquileres de viviendas solo provocaría el traslado del precio de los honorarios al costo del alquiler que abona el inquilino, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires donde ya rige la normativa.
Asimismo, Hadrowa remarcó que los profesionales inmobiliarios no “trabajan” para los propietarios, sino que sirven de “intermediarios entre las partes”.
