A pesar de la existencia de la Ley Nacional 22.431, que establece un cupo mínimo del 4% de empleados con discapacidad en organismos públicos, la inclusión laboral de este grupo sigue siendo una asignatura pendiente en la ciudad de Córdoba. Un reciente estudio titulado “Diagnóstico sobre el empleo público de personas con discapacidad” revela que el 70% de las dependencias de jurisdicción nacional en la ciudad no cuentan con dichos trabajadores.
El proyecto, liderado por las investigadoras Carla Saad y María Alejandra Sticca del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), tiene como objetivo analizar la situación laboral de las personas discapacitadas en al menos 20 organismos públicos.
La falta de cumplimiento del 4% no solo perpetúa la exclusión, sino que también ignora el potencial laboral de personas que integran ese colectivo. “Las habilidades pueden ser exactamente las mismas, incluso puede ser más hábil una persona con discapacidad que la que no lo tiene”, afirma una encargada de personal de un organismo público.
El estudio también subraya que, según estadísticas de 2018, más del 25% de los hogares en Argentina tiene al menos un integrante con discapacidad, y la tasa de actividad de este grupo es significativamente más baja que la del resto de la población, con solo un 35,9% en busca de empleo.
Las investigadoras señalan que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad van más allá de las limitaciones físicas, como las barreras actitudinales y programáticas. En algunos casos, los empleados con discapacidad no son reconocidos como trabajadores, o incluso los usuarios del servicio prefieren ser atendidos por otra persona. Las soluciones propuestas incluyen un enfoque más inclusivo en el diseño de los espacios y el acompañamiento terapéutico.
La lucha por la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un desafío que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de construir un entorno laboral accesible, inclusivo y sin discriminación. En la ciudad de Córdoba, el cumplimiento de la ley que establece el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en los organismos públicos del Estado nacional sigue siendo una deuda pendiente.
La investigación busca también generar herramientas que permitan replicar el análisis en otras jurisdicciones, aspirando a contribuir a la construcción de políticas públicas efectivas que garanticen el cumplimiento del cupo laboral.
Así, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los avances y las deudas pendientes en el acceso al empleo para este grupo social.
