La Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema presentó un Informe donde advirtió que las denuncias por violencia familiar se incrementaron un 6% con respecto al trimestre enero-marzo de 2021.
Según el informe de la OVD, en los primeros tres meses de este año hubo más de una denuncia por hora, lo que significó un total de 2428 denuncias. Además, hubo 1919 consultas informativas.
Las personas afectadas por estos hechos fueron 3243, ya que un caso puede tener más de una persona afectada. Cabe resaltar que el vínculo más usual entre las personas afectadas y denunciadas fue el de pareja/ expareja (presente en un 49% de los casos).
En cuanto a lo que sucede después de las presentaciones en la OVD, la Justicia civil dictó 9062 medidas de protección, entre las que se encuentran la entrega de 823 botones antipánico.
En ese mismo fuero, se ordenó la prohibición de acercamiento a la persona denunciante en el 74% de los casos; la prohibición de contacto telefónico o por correo en el 69%; el cese de los actos de perturbación e intimidación en un 25% y el tratamiento de la persona agresora (24 %), entre otras medidas.
Cabe resaltar que ocho de cada diez afectadas fueron mujeres y niñas. En ese sentido, 80% de los niños, niñas y adolescentes afectados sufrieron violencia por parte de sus progenitores.
Con respecto a la presencia de diferentes tipos de violencia, en el 97% de las denuncias se detectó violencia psicológica. La simbólica fue detectada en un 53%, porcentaje similar al que tuvo la física (52%). La violencia ambiental (34%), económica y patrimonial (28%), social (13%) y sexual (10%) también estuvieron presentes en los casos.
Si se puntualiza en la violencia física, el 34% de las personas que relataron algún episodio de estas características fueron revisadas por el servicio médico de la oficina. Se constataron lesiones en el 88% de los casos: el 37% de las lesiones se ubicaron en el rostro.
Dentro de la OVD se realizan también informes donde se evalúa el riesgo al que está expuesta la persona denunciante. Cuatro de cada diez casos fueron evaluados como de riesgo altísimo y alto.
Además de las derivaciones a la Justicia Nacional en lo Civil (que representaron el 99,8% de las denuncias), también hubo intervención de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en un 16% de los casos.
También fueron enviadas al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires un 69% (debido a que muchos de los aspectos denunciados son competencia de CABA). A su vez, hubo derivaciones al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Programa Proteger.
