La jubilación promedio que abonó la Caja de Jubilaciones de la Provincia en junio pasado alcanzó 885.322 pesos, 189,2% por encima de la pagada en el mismo mes del año pasado. El aumento se ubicó de esta forma muy por debajo de la inflación del período. Si bien aún no se conocen los números de junio, hasta el mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec reflejó un alza interanual del 276,4%.
De esta manera, el incremento de los haberes previsionales de Córdoba se situaron unos 87 puntos porcentuales por debajo del aumento de los precios. Los datos aparecen publicados en el Informe Estadístico de la Seguridad Social del mes de junio. De acuerdo con dicho documento, la evolución de las prestaciones no difirieron sobremanera de los datos de los meses anteriores.
La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones no es ajena al derrotero de los salarios del sector público de Córdoba y, en general, del resto de los ingresos que se vieron licuados por la alta inflación luego de la mega devaluación de diciembre último, a poco de la asunción de Javier Milei como presidente.
La caída fue mayor si se toma en cuenta la mediana y no el promedio. La mediana considera el valor equidistante entre un extremo y otro del total de las prestaciones. Ese haber llegó en junio a 707.294 pesos, 158,9% por encima de un año atrás y más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación en el mismo período, reveló ayer el diario Comercio y Justicia.
Las causas de la caída
En cuanto a los motivos de semejante derrumbe, son los mismos que explican la caída de los salarios en general. Una inflación que, ya elevada, se disparó tras la mega devaluación de diciembre y alcanzó un récord de 25% y que pese a una desaceleración sostenida, marcó 20% en enero y 13,2% en febrero, con una recaudación con una baja en términos reales, llevó a que el gobernador Martín Llaryora revisara la paritaria con cláusula gatillo que había firmado el ex mandatario provincial, Juan Schiaretti y, renegociara aumentos en línea con la recaudación, esto es muy por debajo de la evolución de los precios.
En paralelo, el actual titular del Ejecutivo dispuso profundizar el diferimiento previsional que había sido flexibilizado ya por Schiaretti y que Llaryora, aún como candidato, había prometido sostener en esa línea o bien eliminarlo.
Sin embargo, la decisión de Milei de suspender los giros a las cajas provinciales no transferidas, entre ellas la de Córdoba, obligó a Llaryora a retomar los pagos diferidos de los aumentos de los activos a los jubilados, además de enviar un proyecto de ley a la Unicameral en la que se incrementaron los aportes de los activos tanto a la Caja como a Apross.
Esas medidas permitieron neutralizar en parte el rojo previsional que a mayo pasado rondó los 13.000 millones de pesos. Concretamente, la mitad de ese déficit se cubrió con esas acciones que por cierto fueron muy resistidas por los gremios estatales.
De hecho, el propio Gobierno confirmó el lunes a la dirigencia de la UEPC que no habrá cambios en el diferimiento ni baja en los aportes de los activos hasta que el Gobierno nacional, por medio de la Anses, no restituya los envíos de fondos a la Caja. Esa posibilidad no parece ser factible, al menos en el corto plazo.
En tanto, tampoco se vislumbra como alternativa un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, a partir de las dos presentaciones que hiciera el gobernador Juan Schiaretti hace más de un año.
Según el propio Llaryora, la deuda que mantiene la Anses con la Caja de Córdoba supera hoy 400.000 millones de pesos, de los cuales buena parte corresponde a pasivos de 2022 hacia atrás y el resto a deuda corriente de 2023 y de este año, cuando la gestión Milei resolvió cortar por completo los giros a las provincias, entre ellos a las 13 cajas previsionales no transferidas.
