El financiamiento educativo provincial muestra una tendencia general hacia la baja y una pérdida de prioridad frente a otras áreas del gasto público en la última década. En 19 de las 24 jurisdicciones argentinas, el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. Además, 22 jurisdicciones recortaron el presupuesto educativo en 2024 con respecto a 2023. En la mayoría de las provincias, la inversión en educación no logró sostener su poder adquisitivo frente a la inflación.
Los datos surgen del informe “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Osvaldo Giordano (presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación). El documento examina la evolución del gasto en la función “Educación y Cultura” en las provincias entre 2014 y 2024 a partir de los datos sobre ejecución presupuestaria, así como la dinámica de los salarios docentes hasta junio de 2025.
Las provincias aportan, en promedio, el 75% del presupuesto educativo: el restante 25% es financiado por la Nación y se asigna centralmente al sistema universitario. Alrededor del 90% del gasto educativo provincial se destina a salarios docentes. Si bien la Ley de Educación Nacional establece que el gasto consolidado en educación debería alcanzar el 6% del PBI, la norma no especifica qué proporción de ese 6% debe ser financiada por cada nivel de gobierno.
Entre 2014 y 2024, la participación de la función “Educación y Cultura” dentro del gasto total cayó en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación. Al comparar 2024 con 2023, se observa que 11 provincias destinaron una porción menor de sus recursos al sector educativo.
Los salarios docentes son más bajos que hace 10 años en 21 provincias: solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran salarios más altos en 2025 que en 2014. Pese a la caída de largo plazo, los datos de 2025 muestran una recuperación parcial respecto de 2024, con incrementos reales en 13 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, 21 provincias aún presentan niveles inferiores a los de 2023.
Entre 2023 y 2024, en la mayoría de las jurisdicciones cayó el gasto en Educación y Cultura y se redujeron los salarios docentes, en un contexto marcado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Solo en 3 provincias –Chaco, Neuquén y Santiago del Estero– se observó un aumento real del presupuesto educativo a la vez que hubo una caída en los salarios, lo que sugiere que absorbieron parcialmente el impacto reasignando recursos propios. Por otra parte, en 11 jurisdicciones la inversión educativa se redujo más que los salarios, lo que indica un ajuste adicional en otros rubros como infraestructura o materiales.
“Reducción del PBI per cápita, muy alta inflación, nula generación de empleos de calidad, caída de los salarios, aumento de la pobreza son los síntomas de que venimos de una década perdida. También para la educación es una década perdida. El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación. La consecuencia son déficits de formación, especialmente entre los niños y jóvenes que integran los hogares más vulnerables. Preservar la inversión en educación y principalmente mejorar la gestión educativa es una de las reformas estructurales más importantes y urgentes”, sostiene Osvaldo Giordano, coautor del informe.
Los autores advierten sobre la falta de información pública transparente y estandarizada que permita las comparaciones entre provincias, y señalan que para 2025 no se cuenta con datos consolidados de presupuestos provinciales desagregados por función, lo que impide monitorear con precisión la evolución del gasto educativo en todas las provincias.
“El informe evidencia un deterioro del financiamiento educativo provincial en el mediano plazo, con la consecuente merma de las remuneraciones docentes, factor crítico para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las diferencias regionales e interprovinciales señalan la necesidad de un rol nacional estabilizador que compense inequidades territoriales y permita planificar con previsibilidad. La eliminación del FONID y la restricción fiscal persistente refuerzan la necesidad de coordinar y articular esfuerzos entre la administración nacional y las provincias para mejorar la eficiencia de los gastos educativos”, afirma Javier Curcio, investigador de IIEP – UBA Conicet.
“El documento muestra cómo en casi la mitad de las provincias la educación fue perdiendo presencia en los últimos años en el sector público provincial. En particular, vemos que entre 2023 y 2024 un grupo aprovechó para ajustar los recursos en mayor medida en el sector educativo. Mientras que en otras, la caída fue menor en educación que en el gasto público general. Ante la crisis, las respuestas provinciales hacia la educación no son homogéneas. Con lo cual vemos no solo una diferente valoración del sector, sino las dificultades para programar cualquier estrategia de mediano y largo plazo en el país”, analiza el economista Alejandro Morduchowicz.
“Entre 2014 y 2024, 16 provincias destinaron una porción menor de sus recursos al sector educativo. Adicionalmente, los salarios docentes evidenciaron un retroceso en términos reales en la mayoría de las provincias. Ambos efectos evidencian una pérdida de prioridad relativa de la inversión en educación en la última década”, señala Darío Rossignolo, profesor de la FCE-UBA.
