Integrantes del sector de las bibliotecas populares de nuestra provincia participaron ayer del masivo acto de protesta desarrollado en la plaza Agustín Tosco de nuestra ciudad, bajo la consigna “Cordobazo Cultural”. Al igual que en otras localidades y provincias, a manifestación se concretó ante la amenaza inminente del gobierno de Javier Milei de eliminar las políticas e instituciones que sostienen al rubro cultural en Argentina.
Entre los reclamos estuvo presente el rechazo a la Ley ómnibus y al DNU que busca cerrar instituciones como el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), además de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), y derogar la Ley 25.542 que garantiza un precio único en la venta de libros.
Sobre el particular, Ivana Reynoso, quien preside la biblioteca popular “Julio Cortázar” en barrio San Vicente, explicó que dichos espacios aún permanecen abiertos “porque estamos habitadas por la comunidad. Cientos de personas socias, ¡miles, si pensamos en todo el país!, del barrio, amigas de las biblios concurren, aportan, regalan, convidan vida a estos espacios. Eso es, convidamos vida y es un esfuerzo hecho con cariño, mucha pasión, pero también con la convicción política de que la cultura es un derecho, leer es un derecho, crear es un derecho, imaginar es un derecho”.
“Y ese convencimiento político nos encuentra hoy luchando porque esos derechos no se vulneren, y podamos seguir abriendo cada día las puertas de nuestras bibliotecas populares”, expresó.
En tanto, al ser consultada acerca del impacto del paquete de reformas impulsadas por la gestión de Milei, dijo en declaraciones al portal Prensared que “de aprobarse el DNU y la Ley ómnibus, las nuevas normativas afectarían a unas 1.500 bibliotecas en todo el país y a unas 130 en la provincia de Córdoba, aproximadamente. Y estamos hablando de bibliotecas inscriptas en Conabip, porque es importante decir también que muchas bibliotecas populares y comunitarias no están registradas en este ente, por lo cual les resulta aún más dificultoso su sostenimiento”.
El primer punto importante pensado para el desfinanciamiento de las bibliotecas populares implica la desvinculación de Conabip del Ministerio de Educación y su traspaso a la órbita de la Secretaría de Cultura, lo cual significará un gran recorte del presupuesto.
A esto se le suma que se quitarían importantes beneficios, como son el descuento en la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos; las tarifas reducidas en los servicios prestados por empresas del Estado, todas medidas imprescindibles para mantenernos.
En este sentido, Reynoso detalló que “lo que se propone es directamente la quita de la subvención para el mantenimiento de las instalaciones, el aumento del caudal bibliográfico, el perfeccionamiento del personal que participa y aporta trabajo voluntario en las bibliotecas populares, la modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de nuestras colecciones”.
Apenas permanece el artículo que dice que “los subsidios serán determinados por el Congreso Nacional en su presupuesto”. Y aquí está la trampa más grande, porque se suprime el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, gracias al cual, además de las partidas asignadas por el Presupuesto, se destinaba un gravamen realizado sobre los juegos de azar y concursos deportivos, para beneficios directos a bibliotecas populares y para el Instituto Nacional del Teatro.
“Pensemos que el desfinanciamiento de las bibliotecas populares y el posible cierre de muchas de las mismas, significa que se verán vulnerados nuestros derechos a la cultura y a la información, que tenemos como sociedad”, cuestionó la también activista del Foro de Bibliotecas Populares y de la Red de Bibliotecas con Perspectiva de Géneros.
