El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado expresando sus preocupaciones en torno a los puntos sobre salud mental dentro de la Ley ómnibus. En el marco del debate en el Congreso de la Nación del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que impulsa el Ejecutivo Nacional y que propone reformas estructurales, la entidad se sumó a dar su opinión y perspectiva respecto a esta área. Tanto el Observatorio como la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos refirieron fuertes críticas al respecto, destacando cinco puntos de preocupación por el modelo de abordaje y tratamiento de la salud mental.
En primera instancia, el diario Comercio y Justicia reveló que que las entidades advirtieron sobre los hospitales monovalentes, señalando que “se los propone como una alternativa terapéutica que permiten internaciones prolongadas de encierro” agregando que profundizan “los padecimientos y la marginación social”. En segundo lugar, las entidades también observaron que la normativa propuesta a nivel nacional permite que los jueces puedan evaluar la pertinencia de las internaciones involuntarias.
En este sentido, las organizaciones indicaron que “los jueces no están capacitados para tomar decisiones sanitarias”. En esa misma línea, resaltaron que respecto a las internaciones involuntarias se “excede el resguardo de la salud al incorporar la persistencia de causas que generaron esa situación”, cuando dichas causas “deberían abordarse con estrategias interdisciplinarias e intersectoriales y no con una limitación indefinida de la libertad de las personas”.
Por otro lado, se alertó que “se restringe el derecho a la defensa” porque permite que los “abogados defensores vayan en contra de los intereses de sus defendidos y se opongan a su externación.”. Y, finalmente, las entidades observaron que las normativas propuestas eliminan del órgano de revisión nacional a varias entidades gubernamentales y “se restringe el monitoreo de la sociedad civil”, formado por personas usuarias, familiares y organismos de derechos humanos.
El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba también expuso recientemente algo similar en su sitio web expresando que desde hace 13 años vienen reclamando por la plena implementación de la ley de Salud Mental y que las modificaciones introducidas “relegan la evaluación por parte de equipos interdisciplinarios a un segundo plano, retrocediendo nuevamente a un modelo tutelar”.
