La Asamblea Santa María sin Basura presentó un pedido ante la Fiscalía Anticorrupción para que se reabra la causa por supuesto mal desempeño de funcionarios públicos por la contaminación con residuos peligrosos producida por la empresa Taym, el 28 de marzo de 2017.
Ese día, copiosas lluvias inundaron el predio de la planta de tratamiento de residuos peligrosos controlada por el Grupo Roggio, ubicada sobre la ruta 36. El descontrol fue tal que el desborde contaminante alcanzó al canal de Los Molinos, que alimenta con su agua a nuestra ciudad y a su cinturón verde.
“El pedido se fundamenta en la gravedad del hecho y la falta de exhaustividad de la investigación llevada a cabo por el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, quien decidió archivar la causa en junio de 2021 reparando solamente en las actuaciones inmediatamente previas a la inundación del, por entonces, secretario de Ambiente, Javier Britch, y del director de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo”, argumentaron los habitantes de Alto El Durazno y Villa Parque Santa Ana.
Los vecinos cuestionan que, pese a reconocer que la planta “no fue clausurada a pesar de graves violaciones a los protocolos de seguridad ambiental detectados por auditorías de Ambiente provincial y nacional meses y días antes de la inundación”, y “que la Policía Ambiental no fue notificada de estas irregularidades”, el fiscal Mondino consideró que estas malas prácticas de los funcionarios no habrían sido cometidas con “dolo” para archivar la causa.
Además, apuntan que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción debe considerar como punto de partida la autorización oficial otorgada en 2000 para que la planta de tratamiento de residuos peligrosos se instale en un lugar inundable, por lo que reclaman reabrir la investigación.
“El propio fiscal Mondino, en la resolución de archivo de la causa, cita al perito González, quien en una audiencia (…) señaló que ‘la inundación de la planta podría haberse evitado si se instalaba en otro lado’. Mondino usa este argumento para exculpar a Britch y Rinaudo, pero no se hace la pregunta evidente: ¿Qué funcionarios públicos autorizaron a instalar esa planta de residuos peligrosos allí, en medio de un paleocauce, una zona sumamente inundable?”, ampliaron desde Santa María sin Basura; donde también cuestionaron que Mondino “tampoco indaga por qué la planta no fue clausurada ni multada, a pesar de haber ampliado sus instalaciones -y estar operando con residuos peligrosos- sin autorización de Ambiente”; entre otras irregularidades.
“Taym hizo su negocio con la anuencia de los funcionarios públicos y a la hora del desastre, lega el pasivo ambiental a todos los cordobeses y sus generaciones futuras sin ningún tipo de consecuencias”, completaron los vecinos, que en su recurso también pidieron ser incorporados a la causa como querellantes particulares.
