En octubre de 2012, Paola Verónica Ortiz tenía 29 años y vivía junto a su hijo de cinco en una vivienda precaria ubicada en Villa Nueva. Era la casa de su ex suegro, quien le permitía quedarse allí a cambio de soportar abusos sexuales y otras violencias. Ante estas circunstancias, en ocasiones se veía obligada a dormir en la calle con su hijo.
Además, tenía otros dos hijos que vivían con su ex pareja, un hombre que la maltrataba psicológicamente y la amenazaba con quitarle al hijo menor. Sin trabajo formal, sin haber terminado el secundario y sin redes de apoyo, Paola sobrevivía en un contexto de extrema vulnerabilidad.
Para reconstruir los hechos que ocurrieron después y entender el contexto en el que sucedieron, Hoy Día Córdoba dialogó con Julia Luna, una de las dos abogadas que llevan la defensa de Paola desde 2022 y que pertenece a la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Parto “en avalancha”
El 31 de octubre de 2012, sola en la habitación que ocupaba en la casa de su ex suegro, Paola comenzó a sentir fuertes contracciones. En pocos minutos atravesó un parto “en avalancha”, que no le dio tiempo a pedir ayuda ni a llegar al hospital. Dio a luz sin acompañamiento, y según relató, el bebé no presentaba signos vitales. En medio del shock y el miedo, no supo qué hacer.
Tras el hecho, la noticia comenzó a circular rápidamente por el barrio y dos amigas de Paola acudieron a la comisaría, sospechando de ella por los cambios en su cuerpo.
El 6 de noviembre de ese año, Paola denunció que su ex pareja le había quitado por la fuerza a su hijo de cinco años y que estaba siendo calumniada. “Cuando la versión se difundió, su expareja fue hasta la casa, la forcejeó y se llevó al niño”, explicó Luna.
En medio de la crisis emocional y en estado puerperal, contó en la comisaría que había tenido un parto y que el bebé había muerto. El policía que la atendió, a pesar de que ella no tenía asesoramiento legal, le tomó declaración y dejó asentado que Paola había escuchado llorar al bebé, algo que nunca se pudo corroborar en el juicio. En lugar de recibir asistencia médica o psicológica, fue detenida.
Una condena sin pruebas
Paola permaneció privada de libertad y sin sentencia hasta 2015, cuando la Cámara Correccional y del Crimen de Villa María la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La decisión judicial se basó en el testimonio del policía antes mencionado y en una pericia conocida como docimasia hidrostática pulmonar, un método forense utilizado para determinar si un recién nacido respiró antes de morir. El procedimiento consiste en colocar los pulmones en agua: si flotan, se interpreta que hubo respiración y si se hunden, que no hubo. Sin embargo, la comunidad médica cuestiona su fiabilidad, especialmente en casos de partos abruptos o cuerpos en descomposición.
En el caso de Paola, los pulmones flotaron, pero el cuerpo del bebé ya estaba en estado de putrefacción. El propio informe forense señalaba que “no se puede aseverar si existió vida post nacimiento”. A pesar de esa duda clave, el tribunal la declaró culpable.
Durante el juicio, la fiscalía reprodujo estereotipos de género, cuestionando por qué no había cortado el cordón umbilical o pedido ayuda, sin considerar su estado físico ni el contexto de violencia en el que ocurrió el hecho. “Desde el principio se recurre a una única línea de investigación, que es la culpabilización”, sostuvo Luna.
Además, en la sentencia se mencionó el estereotipo de “multípara”, es decir, la idea de que por haber tenido otros partos debía saber cómo proceder. Sin embargo, esos partos anteriores habían ocurrido en hospitales y con asistencia médica. “En este caso, por las circunstancias en las que se dio, ella no pudo acceder a un hospital”, explicó Luna.
Justicia sin perspectiva de género
En ninguna instancia se respetó la presunción de inocencia. “La defensa pública la defendió bajo la figura de homicidio culposo, cuando en realidad, si no había pruebas de que había cometido el delito, tendrían que haber ido por la absolución. Pero nunca le creyeron”, expresó la abogada.
En 2017, la defensa de ese momento recurrió la sentencia mediante un recurso de casación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba volvió a confirmar la condena. Luego, se intentó presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, que también fue rechazado.
Desde 2022, la defensa está a cargo de la Guardia de Abogadas Feministas de CDD. Las abogadas Julia Luna y Rocío García Garro conocieron a Paola cuando ya tenía una condena firme. “Quedaba otra instancia, que era presentar un recurso de queja, pero la defensa pública dejó vencer ese plazo de seis meses”, explicó Luna.
En abril de 2024, presentaron un Recurso de Revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, incorporando un nuevo informe médico que describe el cuadro clínico de un parto “en avalancha” y cuestiona la validez de la docimasia pulmonar. También objetan el testimonio del policía que tomó la declaración pero no presenció el parto.
La defensa sostiene que el caso careció de perspectiva de género y cita como antecedente el fallo “Manuela y otros vs. El Salvador”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció jurisprudencia a favor de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas.
“Lo que hay en el expediente es una falta total de pruebas y una violación de principios constitucionales como el ‘in dubio pro reo’. Tampoco se respetó el debido proceso”, subrayó Luna.
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Violencia obstétrica y maternidad interrumpida
Durante su encierro, Paola tuvo otros dos hijos. El primer bebé fue dado en adopción sin respetar su derecho a maternar y el segundo de ellos quedó al cuidado de un familiar. Las abogadas de la Guardia Feminista la conocieron cuando cursaba el embarazo de este último y presentaron un escrito ante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Allí solicitaron que, pese a la extensión de su condena, se garantizara su deseo de ejercer la maternidad y que el niño permaneciera con su familia de origen para mantener el vínculo afectivo. “Queríamos que Paola pudiera seguir comunicándose telefónicamente con su hijo”, explicó Luna.
También fue víctima de violencia obstétrica en esos partos dentro del penal, hecho reconocido por el Tribunal Superior de Justicia en 2022.
Hasta el momento, el Tribunal no dio respuesta al recurso de revisión. Sin embargo, distintas organizaciones acompañan el pedido mediante la figura del amicus curiae. “Diez organizaciones, desde 2024 hasta ahora, se han presentado acompañando el pedido de revisión”, señaló Luna.
En cuanto a la denuncia contra su ex suegro por violencia sexual, Paola la realizó recién en 2019. “En el momento del proceso no lo contó porque ninguna de las personas que se vinculó con ella le creyó. Ni la defensa pública ni el fiscal, que la trató con mucha hostilidad. Fue condenada por un jurado popular, y en ese contexto no es amigable compartir este tipo de violencias”, mencionó la abogada.
El rol de los medios
Luna advirtió que el abordaje morboso de la prensa en esa época influyó de manera determinante en la condena de Paola, ya que se trató de un juicio con jurados populares. La cobertura sensacionalista y estigmatizante no solo condicionó la mirada social sobre el caso, sino que también tuvo consecuencias personales.
Cuando la defensa le consultó a Paola si prefería usar un nombre ficticio para visibilizar su historia, ella decidió hacerlo con su nombre y apellido reales. Según contó la abogada, tomó esa decisión como una forma de recuperar su voz: “Los medios habían tratado el caso con tanta saña y morbo que, a raíz de ese abordaje y de la propia sentencia, sus hijos nunca más la vieron ni la visitaron en el penal. Por eso nos pidió que se difunda su historia con la veracidad de su relato, que nunca fue tenido en cuenta a lo largo del proceso”.
Campaña ¡Libertad para Paola!
A 13 años de los hechos, Católicas por el Derecho a Decidir (Instagram: @cdd.argentina) lanzó la campaña “¡Libertad para Paola!”, que comenzó con un conversatorio el 6 de noviembre en el Centro Cultural Leonardo Favio en Villa María. Participaron la abogada Julia Luna, la médica y referente feminista Stella Maris Manzano, la psicóloga Eugenia Altamirano y la abogada Dana Tieffemberg. La campaña puede seguirse y conocerse más en detalle en www.libertadparapaola.org.
La defensa de Paola solicitó la absolución y la nulidad de la sentencia, con el argumento de que se revise el caso con perspectiva de género y se incorpore el nuevo informe médico. Según Luna, el tribunal tiene varias posibilidades: abrir la causa para un nuevo juicio, rechazar el recurso -lo que permitiría recurrir a instancias superiores- o dictar circunstancias extraordinarias de atenuación para reducir la pena.
El recurso de revisión se presentó en abril de 2024 y más de un año y medio después, el Tribunal Superior de Justicia aún no lo admitió ni rechazó, ni tampoco resolvió sobre los amicus curiae presentados. Como un llamado que se repite ante el silencio judicial, Luna expresó: “Ya pasó un tiempo prudencial y siguen corriendo los días en la vida de Paola”.
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