La Asociación de Trabajadores de la Inclusión (ATI) valoró la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 84/2026, pero advirtió que su implementación debe ser analizada “con lupa” y en el contexto de recortes, desarticulación institucional y lo que consideran un retroceso en materia de derechos.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, reglamenta la Ley 27.793 y establece los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. La medida responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la ley tras declarar inválido un decreto previo que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
Desde ATI señalaron que la reglamentación es el resultado de la lucha sostenida del colectivo de discapacidad y del acompañamiento de los medios de comunicación, que permitieron visibilizar “el atropello que este gobierno venía realizando en materia de derechos humanos en el sector”. Sin embargo, remarcaron que la letra del decreto debe leerse en su “co-texto y contexto”, atravesado por lo que describen como prácticas de dilación, obstaculización y desarticulación estructural, como la pérdida de la Agencia Nacional de Discapacidad y su incorporación al Ministerio de Salud.
En su comunicado, la organización expresó preocupación por los mecanismos de auditoría y los requisitos anunciados, al considerar que podrían implicar un endurecimiento de las condiciones de acceso y permanencia en las prestaciones, lo que significaría un retroceso en un país que fue referente regional en políticas de discapacidad. También alertaron sobre “violencias simbólicas” previas hacia el colectivo, que, según sostienen, anticipan daños estructurales en futuras políticas públicas.
En la misma línea, Julia Domínguez, integrante de ATI, destacó que la reglamentación constituye “un logro del colectivo”, pero advirtió que no hay que caer en la ingenuidad. “Estamos muy orgullosos de este paso que hemos dado, pero ese orgullo tiene que servir para sostener la fuerza y el estado de alerta”, afirmó. Domínguez señaló que la voluntad política del actual gobierno “es de recorte, no de garantías”, y advirtió sobre el riesgo de dilaciones administrativas que busquen generar agotamiento en el colectivo.
“El contexto importa: esta instancia llega después de la desarticulación de la agencia, del pasaje a Salud y de un retroceso en términos de paradigmas, en un marco de violencia hacia el colectivo de discapacidad”, subrayó. En ese sentido, insistió en que están en juego tanto los derechos de las personas con discapacidad como las prestaciones y las pensiones.
Si bien desde ATI celebraron el avance logrado y afirmaron que el colectivo “sabe defender sus derechos”, remarcaron que la lucha no terminó. “No consideramos que haya que estar tranquilos para nada. Hay que estar en estado de vigilia permanente y con mucha atención a lo que pueda suceder”, concluyeron, al tiempo que anticiparon la difusión de nuevos comunicados junto a otros espacios del sector.
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